El Gobierno del Reino Unido respondió este miércoles al discurso pronunciado por Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y reafirmó su posición sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Londres advirtió que no habrá una negociación sobre el estatus del archipiélago sin el consentimiento de sus habitantes, conocidos como kelpers.
La respuesta británica llegó después de que el Presidente argentino calificara a Malvinas como "una causa nacional", reclamara al Reino Unido que retome el diálogo sobre la soberanía y cuestionara a Naciones Unidas por no haber conseguido avances en la disputa.
La posición de Londres fue incorporada al registro oficial de la 81° Asamblea General, en un contexto en el que ambos gobiernos mantienen posiciones contrapuestas tanto respecto de la soberanía como de las actividades económicas desarrolladas alrededor de las islas.
El Gobierno británico sostuvo que "no tiene ninguna duda sobre su soberanía" sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus áreas marítimas circundantes. Además, afirmó que los habitantes de las islas tienen derecho a determinar su estatus político y su desarrollo económico, social y cultural.
El principio de autodeterminación
Uno de los principales puntos de confrontación entre las posiciones argentina y británica es el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas. Londres acusó a la Argentina de continuar negando que ese derecho corresponda a los isleños. En el comunicado británico, esa postura fue considerada incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.
El Gobierno del Reino Unido sostuvo además que la posición argentina "no es el comportamiento que esperamos de una democracia", elevando así el tono de su respuesta frente al planteo realizado por la administración libertaria.
La cuestión de la autodeterminación constituye uno de los ejes centrales de la diferencia entre ambos países. Mientras Londres sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir su futuro político y su desarrollo, la posición argentina plantea que ese principio no resulta aplicable a la disputa por la soberanía de Malvinas.
El Gobierno argentino sostiene su reclamo a partir de las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llaman a ambas partes a negociar. De esta manera, el contrapunto diplomático volvió a quedar planteado en torno a dos posiciones diferentes: por un lado, Londres coloca en el centro el consentimiento de los habitantes de las islas; por otro, Buenos Aires sostiene que existe una disputa de soberanía que debe ser resuelta mediante negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido.
El referéndum de 2013 que vuelve a invocar Londres
En su respuesta, el Reino Unido volvió a utilizar como argumento el referéndum realizado en las islas en 2013. Según los datos británicos, en aquella consulta participó el 92% del padrón y el 99,8% votó por mantener el actual estatus de territorio británico de ultramar.
Ese resultado forma parte de los fundamentos utilizados por Londres para sostener su posición respecto del derecho de los isleños a determinar su estatus político. La Argentina, en cambio, mantiene una interpretación diferente sobre la aplicación del principio de autodeterminación al caso Malvinas y sostiene que la cuestión debe abordarse a partir de la controversia de soberanía reconocida en las resoluciones de Naciones Unidas.
El contraste entre ambas posiciones quedó nuevamente expuesto después de la intervención de Milei ante la Asamblea General, cuando el Presidente reclamó que el Reino Unido retome el diálogo sobre la soberanía y Londres respondió reafirmando que no habrá una negociación sin el consentimiento de los habitantes de las islas.
La disputa también alcanza a los hidrocarburos
La respuesta británica no se limitó a la cuestión estrictamente territorial. Londres también cuestionó las últimas medidas adoptadas por la Argentina contra la explotación de recursos naturales en las islas, particularmente aquellas relacionadas con el sector de hidrocarburos.
El Gobierno británico sostuvo que el desarrollo de hidrocarburos constituye una "actividad comercial legítima", regulada por las autoridades isleñas. Desde esa perspectiva, afirmó que la legislación argentina no tiene aplicación sobre el territorio. El Reino Unido cuestionó específicamente las sanciones impuestas por la Argentina a empresas vinculadas con la actividad petrolera. Las calificó como un intento "inaceptable" de ejercer jurisdicción extraterritorial y sostuvo que esas medidas no tienen justificación bajo el derecho internacional.
Londres también afirmó que las sanciones afectan los negocios internacionales y resultan incompatibles con el libre comercio. Así, la disputa por Malvinas vuelve a extenderse más allá del reclamo de soberanía y alcanza directamente a la explotación de los recursos naturales existentes alrededor del archipiélago.
La estrategia argentina alrededor de Sea Lion
La respuesta del Reino Unido se produjo después de que el Gobierno argentino endureciera su estrategia en torno a Malvinas y al proyecto Sea Lion. En ese marco, la Casa Rosada dispuso sanciones y envió al Congreso un paquete de Defensa de la Soberanía Nacional, mediante el cual se amplían las herramientas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas.
Las medidas argentinas forman parte de una estrategia que busca actuar sobre las actividades económicas relacionadas con los hidrocarburos, mientras el Gobierno sostiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago. La reacción británica, en cambio, ratificó la defensa de las actividades económicas desarrolladas en las islas y rechazó la aplicación de la legislación argentina sobre esas operaciones.