La suspensión por 60 días del concejal Luciano Auce, representante del Frente Capayense, abrió un nuevo capítulo en el conflicto político que enfrenta al oficialismo local con la oposición en Huillapima. La decisión fue adoptada por el Concejo Deliberante y, tras conocerse la sanción, el edil manifestó su rechazo, sostuvo que la medida constituye una represalia por su actividad legislativa y adelantó que recurrirá a la Justicia para intentar dejarla sin efecto.
La resolución, según se informó oficialmente, fue el resultado de un proyecto impulsado por integrantes del cuerpo deliberativo. Desde el Concejo señalaron que la suspensión encuentra sustento en una serie de situaciones ocurridas durante sesiones ordinarias que, de acuerdo con la postura de los concejales firmantes, afectaron el normal funcionamiento institucional y la convivencia democrática dentro del ámbito legislativo municipal.
Asimismo, el comunicado oficial precisó que la decisión fue adoptada en el marco de las facultades establecidas por la Ley Orgánica Municipal N° 4640 y el Reglamento Interno del Concejo Deliberante.
Los fundamentos expuestos por el Concejo Deliberante
De acuerdo con la información difundida por el cuerpo legislativo, la suspensión responde a hechos registrados durante distintas sesiones ordinarias. Entre los fundamentos expresados por el Concejo se encuentran:
- Situaciones ocurridas durante sesiones ordinarias.
- Afectación del normal funcionamiento institucional.
- Alteración de la convivencia democrática dentro del cuerpo deliberativo.
- Aplicación de las facultades previstas por la Ley Orgánica Municipal N° 4640 y el Reglamento Interno.
Con esos argumentos, el cuerpo resolvió avanzar con la sanción que apartará temporalmente al concejal de sus funciones durante un período de dos meses.
Auce sostuvo que la medida responde a su tarea de control
Tras conocerse la resolución, Luciano Auce rechazó los fundamentos expuestos por el Concejo Deliberante y afirmó que la verdadera razón de la suspensión está vinculada con el trabajo de control que viene desarrollando sobre el Ejecutivo municipal.
El concejal sostuvo que presentó un pedido de informes para conocer el destino de 100 millones de pesos administrados por el municipio, y consideró que esa iniciativa fue el motivo que desencadenó la sanción.
"No hago nada, simplemente pido informes y controlo", afirmó el edil en una denuncia pública difundida pocos minutos después de finalizada la sesión. En la misma intervención agregó: "Me suspendieron por decir la verdad", insistiendo en que la medida constituye una represalia por el ejercicio de sus funciones como integrante del cuerpo legislativo.
"Es una degradación a la democracia"
Durante una entrevista concedida este viernes a La Unión, Auce profundizó sus cuestionamientos hacia la decisión adoptada por el Concejo Deliberante. "Se trata de una degradación a la democracia, a las instituciones y algo que debería preocupar mucho no solamente a la jurisdicción de Huillapima, sino a la provincia en sí", expresó.
El edil también cuestionó el procedimiento mediante el cual se resolvió su suspensión. Según indicó, nunca recibió una notificación previa ni fue advertido acerca de la posibilidad de que se analizara una sanción en su contra.
"Nunca he recibido previamente un aviso o previamente una notificación de una posible suspensión. En dos minutos, de manera expresa y sobre tabla, trataron mi suspensión", manifestó.
Auce explicó además cuáles fueron, según su interpretación, los argumentos utilizados para justificar la medida. "Lo que más me llama la atención son los motivos, porque cuando ellos argumentan el por qué me suspenden, hacen mención a que salgo en los medios de comunicación a decir que el Consejo funciona mal, que los trato de irresponsables, que he cuestionado al Ejecutivo, que he cuestionado por qué el Intendente compró una camioneta y no utilizó los recursos para la colocación de un semáforo, algo totalmente fundado, argumentado, y lo hago con todo el respeto posible, pero sobre todo lo hago con la responsabilidad de concejal que hoy ejerzo", afirmó.
En esa misma línea sostuvo que, si esos cuestionamientos constituyen un motivo para ser suspendido, la medida podría alcanzar a cualquier integrante de un cuerpo deliberativo que ejerza funciones de control.
"Si a mí me suspenden por eso, quiere decir que van a tener que empezar a suspender a todos los concejales que intentan controlar al Ejecutivo, una barbaridad", expresó.
La vía judicial como próximo paso
Tras conocerse la sanción, el concejal confirmó que ya trabaja junto a sus abogados en la preparación de una presentación judicial para intentar revertir la decisión adoptada por el Concejo Deliberante.
Según explicó, considera que durante el procedimiento no se respetó su derecho a la defensa y aseguró que no existen fundamentos que justifiquen la suspensión. "Mis abogados ya están trabajando en una presentación judicial claramente porque hoy no he tenido mi derecho a la defensa y obviamente que estoy convencido, mis abogados también, que no hay motivo para mi suspensión", señaló.
Finalmente, Auce sostuvo que la decisión no solo afecta su situación personal como concejal, sino también a quienes lo eligieron mediante el voto. "No solamente están suspendiendo a un concejal sino que están suspendiendo a un gran sector de la sociedad que ha apostado y elegido en las elecciones democráticamente a este concejal", concluyó.
Con el anuncio de la presentación judicial, el conflicto institucional abierto tras la suspensión del edil suma un nuevo capítulo, mientras permanecen contrapuestas las posiciones del Concejo Deliberante, que fundamentó la sanción en cuestiones vinculadas al funcionamiento del cuerpo, y la del concejal Luciano Auce, quien sostiene que la medida responde a su actividad de control sobre el Ejecutivo municipal.