El diputado provincial del Frente de Todos, Marcelo Murúa, en diálogo con LA UNIÓN, opinó sobre los incidentes que se generaron el sábado en la marcha contra el proyecto minero Agua Rica en Andalgalá. En este sentido, cuestionó la postura del intendente del departamento, Eduardo Córdoba, y arremetió que "no ha estado a la altura de la investidura que tiene".
"El intendente hizo una incitación tácita a que existan este tipo de desmanes porque dijo que iba a poner el cuerpo para defender una postura y dio a entender que el pueblo de Andalgalá no era pacífico", expresó Murúa, quien responsabilizó a Córdoba por los ataques contra las oficinas de la minera Yamana Gold.
El legislador provincial criticó que Córdoba hable de delito refiriéndose a Agua Rica "cuando él y cualquier persona que conoce de legislación sabe que las autorizaciones legales estaban vigentes y estaba caída la ordenanza que prohibía la minería a cielo abierto".
Posteriormente, insistió en que el Intendente "tácitamente ha generado un clima de zozobra que después lo habrá desbordado".
"Me parece que él no tiene que caer en ese tipo de expresiones porque es parte de la institucionalidad del departamento y está obligado a respetar los fallos de la Justicia", puntualizó.
Al respecto de la decisión del Gobierno provincial sobre no reprimir, manifestó que "podía haber terminado peor si hubiera habido represión" e indicó que faltó más prevención e inteligencia para anticipar el conflicto que finalmente se desató.
"Hubo una serie de acciones que hicieron que esta situación tome un volumen que no tendría que haber tomado", acotó y afirmó que está convencido de que la gente de Andalgalá, tenga la postura que tenga respecto a la minería, "es poca la que puede llegar a tomar la determinación de actuar como actuaron el sábado; la gente violenta, de un lado y del otro, no es mayoritaria en el departamento".
Por otra parte, opinó que al no estar en la comuna el ministro de Seguridad de la provincia, Gustavo Aguirre, pero sí los jefes de policía, estos últimos deberían haber tomado las precauciones para que la marcha se desarrollara sin inconvenientes.
"Posiblemente el gobernador Raúl Jalil tomó la decisión política de no reprimir porque evaluó que las consecuencias podrían haber sido peores, más allá de las pérdidas materiales", aseguró y destacó que el hecho "se circunscriba a pérdidas materiales y no haya que lamentar lesionados o fallecidos".
Sobre la ordenanza que prohibía la minería a cielo abierto dijo que no debería haber estado vigente nunca "porque no es potestad del Concejo Deliberante reglamentar el uso de los recursos naturales".
"La Provincia, cuando no se había declarado inconstitucional la ordenanza, acató esa postura y no alentó a los que están a favor de la minería a violarla", comparó con lo acontecido durante el fin de semana.
Finalmente, dijo que cree que el Municipio va a cambiar su actitud tras lo sucedido. "Se habrán dado cuenta de que así no se llega a ningún lado y que deberían concertar más con el Gobierno provincial sobre este tema, tratar de avanzar y respetar lo que las instituciones van marcando", comentó y sostuvo que el intendente Córdoba "se dejó ganar por su postura personal y declaró como un ciudadano común, y él no es un ciudadano común; eso confundió a la gente e hizo pensar que podían tomarse más atribuciones".
