El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció la desclasificación de los archivos de la ex-SIDE sobre la dictadura militar y respaldó la decisión de declarar como delito de lesa humanidad el asesinato de Humberto Viola y su hija a manos del ERP. La medida fue dada a conocer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y marca un nuevo paso en la política del gobierno en materia de derechos humanos y memoria histórica.
Desclasificación de archivos de la SIDE: un giro en la política de memoria
En el 49° aniversario del golpe militar de 1976, Milei anunció la apertura de documentos secretos de la ex-SIDE vinculados al período de la dictadura. La medida busca arrojar luz sobre información hasta ahora reservada, en un contexto en el que el gobierno libertario sostiene una revisión crítica de las cifras y el relato histórico en torno a los desaparecidos.
Desde su cuenta en la red social X, el presidente reafirmó su compromiso con la "búsqueda de la verdad" y aseguró que sin ella "jamás habrá justicia". En simultáneo, replicó mensajes que cuestionan la cifra de 30.000 desaparecidos y responsabilizan al kirchnerismo de haber utilizado la causa de los derechos humanos con fines políticos.
El caso Humberto Viola: delito de lesa humanidad
En la misma línea, el gobierno de Milei decidió avanzar en el reconocimiento del asesinato del teniente Humberto Viola y su hija de 3 años, perpetrado por el ERP en 1974, como un delito de lesa humanidad. Esta decisión implica un cambio respecto a la postura adoptada en 2022 por la administración de Alberto Fernández, que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que el crimen era prescriptible.
La Oficina de la Presidencia explicó que Milei instruyó a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina para que reconozca ante la CIDH que el asesinato de la familia Viola fue parte de un "conflicto armado interno" y, por lo tanto, debe considerarse imprescriptible. Esta postura fue reafirmada por Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, quien sostuvo que el gobierno busca terminar con la "discriminación para las víctimas del terrorismo".
Impacto y repercusiones políticas
Las decisiones del presidente han generado diversas reacciones en el espectro político y en organismos de derechos humanos. Mientras sectores afines al oficialismo celebran la apertura de archivos como un avance hacia la transparencia y la "verdad histórica", desde la oposición se advierte que estas medidas buscan modificar la narrativa oficial sobre los crímenes de la época.
El reconocimiento del crimen de la familia Viola como un delito de lesa humanidad podría abrir la puerta a nuevos reclamos de justicia para otras víctimas de la violencia política de los '70. Sin embargo, también podría profundizar la grieta en un país donde la memoria histórica sigue siendo un terreno de disputa.
