Con el cierre del 2024, el Gobierno enfrenta el desafío de renovar la Corte Suprema de Justicia, que podría quedar con solo tres de los cinco integrantes establecidos por ley. Esto se debe al inminente retiro del juez Juan Carlos Maqueda, quien alcanza el límite de 75 años. Actualmente, el tribunal está conformado por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En abril, el Poder Ejecutivo envió los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como candidatos para cubrir las vacantes de Elena Highton de Nolasco, quien renunció en 2021, y de Maqueda. Ambos pliegos pasaron por la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Guadalupe Tagliaferri (PRO), y ahora aguardan dictámenes firmados para avanzar.
El periodo ordinario de sesiones concluyó el 30 de noviembre, y sin convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del presidente Javier Milei, las definiciones podrían retrasarse.
El pliego de Ariel Lijo ya cuenta con las firmas necesarias, mientras que el de García-Mansilla alcanzó seis apoyos. El Gobierno busca que ambos candidatos ingresen juntos al recinto con las mayorías reglamentarias. Para lograrlo, es necesario reunir el aval de dos tercios de los senadores presentes, es decir, 48 votos si participan los 72 legisladores.
Con 34 senadores propios, el oficialismo necesita acuerdos con otros bloques, como el interbloque liderado por José Mayans (UxP). Mientras tanto, continúan las negociaciones entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria para alcanzar un consenso.
El Gobierno no descarta la posibilidad de designar a los jueces por decreto, como lo hizo el expresidente Mauricio Macri en 2015 al nombrar a Rosatti y Rosenkrantz en comisión. Sin embargo, esta opción podría generar controversias políticas y resistencias en el ámbito judicial.
Los actuales ministros de la Corte, Rosatti y Rosenkrantz, ya anticiparon que no tomarían juramento a nuevos jueces sin el aval del Senado. En cambio, Ricardo Lorenzetti, quien respaldó la candidatura de Lijo, sí estaría dispuesto a hacerlo.
La falta de mujeres en las nominaciones despertó críticas desde diversos sectores. Legisladores como Martín Lousteau y Carolina Losada calificaron de inconstitucional la ausencia de género en las designaciones.
Por su parte, Amnistía Internacional destacó que, desde la creación de la Corte Suprema, solo tres mujeres han integrado el tribunal frente a 104 varones. Además, subrayaron los avances en materia de género logrados bajo las gestiones de Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco.
Ante este panorama, algunos sectores plantean la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema, como una solución para incorporar mayor diversidad. Un proyecto aprobado en el Senado en 2022, que establece un tribunal de 15 jueces, podría reactivarse y modificarse en Diputados antes de regresar al Senado para su sanción definitiva.
El futuro de la Corte Suprema dependerá de las decisiones políticas en los próximos meses. Mientras el Gobierno evalúa sus opciones, el debate sobre paridad de género, transparencia y representatividad sigue tomando protagonismo en la discusión pública.