La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo tras el hallazgo de una factura que despertó interrogantes entre los investigadores judiciales.

La documentación fue encontrada durante el peritaje realizado al teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las refacciones en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá. A partir de ese análisis, la Justicia comenzó a investigar si una empleada de la Vocería Presidencial pudo haber prestado su nombre para la facturación de una compra por $8.183.303 en productos de ropa de cama y blanquería.

La persona señalada es Gisela Kocsis, trabajadora estatal que se desempeña en la cartera de Medios y Comunicación desde el año 2011. De acuerdo con documentos oficiales citados en la investigación, en marzo de 2025 cumplía funciones como secretaria privada dentro de la vocería encabezada por Adorni.

El rol del contratista Matías Tabar

La sospecha surgió a partir de una factura emitida el 2 de junio de 2025 a nombre de Kocsis, documento que fue localizado por el fiscal Gerardo Pollicita en el iPhone 15 perteneciente a Tabar.

La fecha de la operación coincide con el período en que Adorni y su familia se encontraban finalizando las refacciones de la vivienda adquirida en Exaltación de la Cruz. Según la información incorporada a la causa, todavía faltaban cuatro meses para concretar formalmente la compra de un semipiso ubicado en el barrio porteño de Caballito, sobre la calle Miró.

Durante su declaración testimonial, Tabar reconoció que su vínculo con Adorni excedía las tareas estrictamente relacionadas con la construcción. Según explicó, actuaba como una especie de gestor para el entonces vocero presidencial, canalizando distintas compras y contrataciones para sus nuevas propiedades.

De acuerdo con ese testimonio, el contratista funcionaba como intermediario entre proveedores y cliente, percibiendo un porcentaje por las operaciones realizadas.

La compra bajo análisis

La factura detectada corresponde a una adquisición realizada en Rosen The Store, comercio especializado en ropa de cama, acolchados y otros productos del rubro descanso.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que se trata de una de las tiendas más costosas del sector. Asimismo, se indicó que Rosen constituye el nombre comercial de la sociedad anónima Industria Argentina del Descanso.

A partir de la información hallada en el teléfono del contratista, los investigadores intentan determinar si la operación efectivamente fue realizada por Gisela Kocsis o si la empleada estatal figuró únicamente como titular formal de la compra mientras el destinatario final era otra persona.

Las medidas ordenadas por el fiscal Pollicita

Con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la operación, el fiscal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas de prueba. Este miércoles solicitó a la empresa que, en un plazo de 72 horas, aporte toda la información disponible vinculada con la compra, el pago y la entrega de los productos.

Por disposición del juez de la causa, Ariel Lijo, la firma deberá informar:

• El medio de pago utilizado.
• La fecha de cancelación de la operación.
• La modalidad de pago empleada.
• La identidad de la persona que efectuó el pago.
• El domicilio donde fueron entregados los productos.
• La identidad de quien recibió o retiró la mercadería.
• Por cuenta de quién se habría realizado la adquisición.
• Cualquier otro dato existente en sus registros relacionado con la operación.

Además, Pollicita requirió la remisión de:

• Comprobantes de pago.
• Constancias de acreditación.
• Remitos.
• Comunicaciones comerciales.
• Toda documentación relacionada con la factura por más de ocho millones de pesos.

Un nombre que ya había aparecido en la causa

La figura de Gisela Kocsis no es completamente nueva dentro del expediente. Según surge de la investigación, su nombre ya había aparecido anteriormente, aunque sin generar mayor atención en ese momento.

Kocsis figuraba entre las personas que visitaron a Adorni en la Casa Rosada el 22 de octubre de 2025, fecha que también quedó registrada en la causa por coincidir con una reunión entre el jefe de Gabinete y su amigo Pablo Martín Feijoo. Feijoo es identificado como hijo de una de las jubiladas acreedoras del funcionario y además como gestor de la compraventa del departamento ubicado en Caballito.

La misma jornada también registró el ingreso a Balcarce 50 de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador.

El avance de la investigación patrimonial

La investigación por enriquecimiento ilícito continúa avanzando mientras los investigadores intentan verificar las explicaciones públicas brindadas por Adorni respecto de su situación patrimonial.

Según se consigna en la causa, el funcionario atribuyó el crecimiento de su nivel de vida a la existencia de 500.000 dólares en ahorros nunca declarados, recursos que, de acuerdo con su versión, comenzó a utilizar una vez que llegó al poder. En ese contexto, el fiscal Pollicita impulsó una nueva batería de medidas de prueba orientadas a comprobar la veracidad de esa explicación.

Entre los aspectos bajo análisis también se encuentra la supuesta participación de Adorni en el mundo de las criptomonedas desde el año 2013, elemento que forma parte de la estrategia de defensa expuesta públicamente por el funcionario.

Mientras la Justicia reúne documentación y profundiza las medidas investigativas, la factura hallada en el celular de Matías Tabar se convirtió en un nuevo foco de atención dentro de un expediente que continúa sumando elementos para determinar el origen de los recursos y las operaciones vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete.