En un contexto de máxima tensión política y social, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentra en plena deliberación para determinar los pasos a seguir frente al avance del proyecto de reforma laboral. Con la mirada puesta en el recinto de la Cámara alta, donde el debate formal tendrá lugar el próximo viernes, la central obrera busca articular una respuesta contundente que logre frenar o, al menos, condicionar la aplicación de las nuevas normativas que pretenden reconfigurar el mercado de trabajo en Argentina.
Reunión estratégica en la sede de UPCN y presión de las bases
El encuentro de la denominada "mesa chica" de la central comenzó alrededor de las 15 horas de este miércoles. El escenario elegido para esta cita de carácter urgente fue la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). La convocatoria formal para este cónclave fue realizada por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, quienes tienen la responsabilidad de conducir las negociaciones en un momento de fractura y presión interna. La reunión se produce bajo la sombra del reciente paro general llevado a cabo el pasado jueves 19 de febrero, el cual representó la cuarta medida de fuerza de este tipo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
Sin embargo, lejos de aplacar los ánimos, aquel paro parece haber funcionado como el preludio de un plan de lucha que la central obrera ahora evalúa profundizar significativamente debido a la presión de los sectores gremiales más duros. Organizaciones de peso industrial y estatal, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato de Aceiteros y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), han manifestado la necesidad de no ceder ante la iniciativa oficialista. Este bloque de sindicatos combativos empuja a la conducción a considerar no solo movilizaciones, sino también la posibilidad concreta de nuevas medidas de fuerza que acompañen el tratamiento de la ley, buscando demostrar que el consenso para la reforma no existe en el mundo del trabajo.
El costo político y la vía judicial ante la inconstitucionalidad
La estrategia de la central obrera no se agota en las calles. Desde la conducción han enviado un mensaje directo y severo hacia el Palacio Legislativo advirtiendo que, en caso de que la reforma sea aprobada, la CGT se encargará de cobrar el "costo político" a cada uno de los senadores que acompañen la iniciativa con su voto. Este aviso está dirigido con especial énfasis hacia aquellos legisladores vinculados al peronismo, a quienes el sindicalismo tradicional observa con lupa ante la inminencia de una votación que podría redefinir el esquema laboral argentino de las próximas décadas.
En paralelo a la acción política, la CGT ya prepara su artillería legal analizando diversas alternativas judiciales para impugnar artículos específicos que consideran inconstitucionales. Entre los puntos técnicos que mayor preocupación generan se encuentran los vinculados a la limitación del derecho a huelga y otros cambios estructurales en la legislación que, según los asesores de la central, vulneran principios básicos de la normativa vigente. La definición de la central será clave no solo para el resultado del próximo viernes, sino para la gobernabilidad y el nivel de conflictividad social en el corto plazo, mientras el país aguarda el desenlace de un debate que marcará un antes y un después en las relaciones laborales del país.