El Gobierno nacional comenzó a poner en marcha las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en relación con las Islas Malvinas. Este viernes fueron publicados en el Boletín Oficial los decretos y las primeras disposiciones que habían sido anticipadas durante la cadena nacional, mientras que la Casa Rosada prevé enviar durante la próxima semana al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El paquete de medidas contempla dos etapas. Por un lado, el Ejecutivo avanzó mediante decretos en la aplicación de un nuevo procedimiento para investigar y eventualmente sancionar a personas o empresas que realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Por otro, el proyecto de ley buscará establecer cambios de carácter más estructural, con un endurecimiento de las sanciones y la creación de un nuevo esquema de Seguridad Nacional.

La única pieza del paquete que todavía requiere algunos días de trabajo es la iniciativa legislativa. En el Gobierno prevén girarla al Congreso durante la próxima semana y, según la información disponible, descartan dividir sus principales capítulos en proyectos diferentes.

De esta manera, el endurecimiento del régimen de sanciones y la creación del nuevo esquema de Seguridad Nacional formarán parte del mismo expediente.

Investigar actividades no autorizadas

Uno de los principales instrumentos publicados es el Decreto 868/2026, que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.

La norma establece un procedimiento más rápido para investigar y eventualmente sancionar a personas o empresas que realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en los espacios marítimos relacionados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El nuevo procedimiento fija plazos específicos para la actuación de los organismos y para el ejercicio del derecho de defensa de las personas o compañías investigadas.

Entre los principales puntos se encuentran:

• Los organismos públicos deberán informar posibles infracciones en un plazo de cinco días hábiles.
• Una vez abierto un sumario, los investigados tendrán diez días para presentar su descargo.
• La Cancillería actuará como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.

La norma también incorpora nuevos controles para el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y para la obtención de permisos, concesiones o habilitaciones petroleras.

Las empresas deberán presentar declaraciones juradas en las que aseguren que ellas y sus socios no realizan ni realizarán las actividades prohibidas por la legislación argentina. Además, la Cancillería deberá intervenir antes de la aprobación de determinadas solicitudes.

Más recursos para Defensa, inteligencia y actividades espaciales

El segundo instrumento publicado es el Decreto 867/2026, que modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026.

El objetivo de la medida es reforzar las partidas destinadas a gastos salariales, inteligencia, Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). El Gobierno sostuvo que la adecuación presupuestaria era necesaria para garantizar el funcionamiento de distintas áreas del Estado y evitar que peligrara la prestación de servicios esenciales.

En el caso específico de Defensa, la norma apunta a financiar:

• La incorporación de equipamiento para las Fuerzas Armadas.
• La modernización del equipamiento.
• La recuperación de capacidades y recursos.

La medida fue dictada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.

El Ejecutivo argumentó que la situación requería una respuesta inmediata y que no era posible seguir el trámite legislativo ordinario. Además, se estableció que los organismos que hayan cambiado su naturaleza jurídica durante 2026 continuarán utilizando de manera transitoria los créditos correspondientes a sus jurisdicciones de origen. El decreto también será enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.

Los dos destinos prioritarios para los recursos de Defensa

La ampliación de los recursos destinados al Ministerio de Defensa tiene dos objetivos prioritarios definidos por el Ejecutivo.

El primero es avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. El Gobierno busca convertir este complejo austral en un polo logístico de referencia para el Atlántico Sur y ampliar la capacidad de proyección hacia la Antártida. El segundo destino prioritario es el refuerzo de las capacidades de telecomunicaciones.

Estas medidas forman parte del enfoque con el que el Gobierno busca vincular la cuestión de Malvinas con otros aspectos considerados estratégicos, entre ellos la protección de recursos, el Atlántico Sur, la Antártida, las comunicaciones y la capacidad de Defensa.

El proyecto de ley que llegará al Congreso

La iniciativa legislativa concentrará la parte más estructural del paquete anunciado por Milei. La Casa Rosada propone modificar la Ley 26.659 con el objetivo de endurecer las sanciones y penas para quienes desarrollen actividades no autorizadas.

El proyecto buscará, además, ampliar el alcance de las responsabilidades. Entre las modificaciones previstas se encuentran:

• El endurecimiento de las sanciones y penas.
• La extensión de las sanciones a proveedores de compañías involucradas en operaciones no autorizadas.
• La prohibición para que los infractores puedan contratar tanto con el sector público como con empresas privadas en la Argentina.
• La incorporación de la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia, cuando corresponda.
• La extensión del régimen a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten recursos naturales argentinos.

La vía legislativa permitirá ampliar el alcance de las herramientas actuales y, de acuerdo con el planteo del Gobierno, evitar que la respuesta quede limitada exclusivamente al proyecto petrolero Sea Lion.

Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional

El mismo proyecto de ley prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que articulará el trabajo de distintas áreas del Estado.

El nuevo organismo estará integrado por:

• Cancillería.
• Defensa.
• Inteligencia.
• Economía.

El Consejo tendrá a su cargo la definición de una política transversal para todo el Estado y también establecerá un marco para la protección de infraestructura crítica, así como para la vigilancia aeroespacial y marítima. Milei solicitará además que el Congreso otorgue a este organismo facultades para aplicar herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales y privados que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional.

De esta forma, la definición propuesta por el Ejecutivo amplía el enfoque de las medidas y vincula la cuestión de Malvinas con la protección de los recursos estratégicos, el Atlántico Sur, la Antártida, las comunicaciones y las capacidades de Defensa.