El sistema universitario argentino se prepara para enfrentar la primera medida de fuerza nacional del año. La CONADU Histórica ha formalizado la convocatoria a un paro docente que se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo. La protesta, que busca visibilizar la acuciante situación presupuestaria y salarial, responde al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que ha transitado un complejo camino parlamentario tras ser aprobada, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por el Congreso.
El debate por la profundidad de la medida
Si bien la convocatoria a nivel nacional abarca una semana, la intensidad del conflicto presenta matices significativos. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), diversos sectores gremiales han planteado la necesidad de ir un paso más allá. La secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD), Laura Carboni, informó que en asamblea se votó a favor de profundizar el cese de actividades mediante un paro por tiempo indeterminado.
La estrategia de los docentes de la UBA consiste en trasladar este mandato al congreso de la federación, buscando que la medida se adopte con alcance nacional. Carboni fue contundente al respecto al señalar que el gremio votó el paro por tiempo indeterminado en su asamblea para llevar el mandato al congreso de la CONADU Histórica, enfatizando que la medida debe salir de manera nacional y, en caso de que así no sea, comenzarán el paro el 16 y el día 20 realizarán otra asamblea para definir cómo continuar. Por el momento, la medida coordinada entre la CONADU Histórica y el Gremio de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) se mantiene programada por una semana, aunque con la posibilidad latente de prolongarse si el diálogo no arroja resultados positivos.
El reclamo técnico: salarios frente a la inflación
El corazón de la disputa reside en un desfasaje salarial que los gremios estiman en un 51%. Este cálculo surge de la comparación técnica entre los ajustes otorgados por el Ejecutivo y la inflación acumulada durante el periodo. La propuesta gubernamental, que consiste en una recomposición del 12% a pagarse en tres cuotas hasta octubre de 2026, ha sido calificada por los trabajadores como absolutamente insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo.
En este marco, los gremios han organizado sus demandas basándose en puntos críticos que incluyen la aplicación estricta de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, la obtención de un ajuste del 51% necesario para cubrir la brecha entre los aumentos recibidos y el Índice de Precios al Consumidor, y el rechazo total a la oferta oficial del 12%, por considerar que no logra recomponer el salario real de los docentes.
Hacia una posible marcha federal
Además de la medida de fuerza directa, la conflictividad se encamina hacia una mayor movilización social. Los gremios, liderados en este punto por la AGD, están impulsando la organización de una marcha federal universitaria para fortalecer el reclamo antes de que el Congreso comience a tratar posibles modificaciones a la ley de financiamiento.
La situación es de alta incertidumbre. Mientras la CONADU Histórica y ADIUC mantienen el cronograma de cinco días de cese de actividades, la postura de las bases universitarias en Buenos Aires presiona por medidas de acción directa que no tengan fecha de finalización. La próxima semana será definitoria para el normal dictado de clases en las universidades nacionales, mientras el Gobierno observa el avance de un conflicto que amenaza con escalar si no se logra un acuerdo que contemple las necesidades financieras de las instituciones y la recomposición de los haberes docentes.
