El Gobierno nacional oficializó este jueves el Decreto 524/2025, que reglamenta un nuevo régimen de acceso a la ciudadanía argentina para personas extranjeras que realicen inversiones consideradas "relevantes". La medida elimina el requisito previo de residencia legal en el país y forma parte del paquete de reformas orientadas a atraer capitales extranjeros.
La norma fue publicada en el Boletín Oficial y establece que los interesados deberán presentar su solicitud ante la recientemente creada Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía. Este ministerio será el único facultado para definir qué tipo de inversiones califican como "relevantes" para acceder al beneficio.
Una vez presentada la solicitud, la Agencia evaluará la inversión y, si la considera válida, solicitará informes a distintos organismos de control y seguridad, entre ellos la SIDE, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia y el RENAPER.
Según el decreto, el objetivo de este proceso es asegurar que el otorgamiento de la ciudadanía no represente riesgos para la seguridad nacional ni para los intereses estratégicos del Estado argentino.
Con los informes en mano, la Agencia emitirá una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que deberá resolver la solicitud dentro de un plazo de 30 días hábiles.
El decreto también habilita que quienes accedan a la ciudadanía a través de esta vía puedan obtener su CUIT de forma automática ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permitiendo su incorporación plena al sistema fiscal y económico del país. La propia Agencia de Ciudadanía será responsable de dictar la normativa complementaria para el funcionamiento del régimen.
No obstante, el nuevo esquema generó críticas entre especialistas en derecho migratorio y sectores de la oposición. Advierten sobre la falta de criterios objetivos y públicos que definan qué se considera una "inversión relevante", lo que podría dar lugar a decisiones discrecionales, arbitrariedades o incluso maniobras vinculadas al lavado de activos. También alertan sobre el riesgo de "mercantilizar" el acceso a la ciudadanía.
Hasta ahora, la legislación argentina exigía al menos dos años de residencia legal continua para otorgar la ciudadanía por naturalización. Con este nuevo procedimiento, ese requisito queda sin efecto si el solicitante acredita una inversión previamente aprobada por el Ejecutivo. La norma ya se encuentra en vigencia.