El Gobierno anunció la desvinculación de los responsables del uso de terminología discriminatoria en un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el anexo de la resolución 187/2025, se emplearon términos como "idiota", "imbécil", "débil mental" y "retardado" para referirse a personas con discapacidad intelectual, lo que generó un fuerte repudio por parte de diversas organizaciones y la opinión pública.
La explicación de la ANDIS y la respuesta oficial
Ante la ola de críticas, la ANDIS emitió un comunicado en el que calificó la situación como un "error" y aseguró que no hubo intención discriminatoria. El director ejecutivo del organismo, Diego Orlando Spagnuolo, confirmó en redes sociales que "las personas responsables por lo que pasó ya fueron desvinculadas".
Previo a esta decisión, Spagnuolo había indicado que el error se debió al uso de conceptos pertenecientes a una "terminología obsoleta", la cual, según el organismo, fue utilizada en medicina psiquiátrica en el pasado, pero eliminada por su carácter peyorativo.
La resolución 187/2025 y su impacto en la evaluación de pensiones
El documento en cuestión forma parte de la modificación en la evaluación para el otorgamiento de pensiones no contributivas a personas con discapacidad. La clasificación presentada en la resolución 187/2025 segmenta a las personas según coeficientes intelectuales (CI), utilizando descripciones consideradas discriminatorias y desactualizadas.
El anexo del decreto establece que una persona "idiota" es aquella que "no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades elementales, no puede subsistir solo". Mientras que un "imbécil" es descrito como alguien que "no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales y puede realizar tareas rudimentarias".
Además, el documento define distintos niveles de "debilidad mental" de acuerdo con la capacidad de la persona para firmar, manejar dinero y realizar tareas simples o de mayor complejidad.
Repercusiones y postura de las organizaciones de derechos humanos
La publicación de esta normativa desató una ola de críticas por parte de asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Diversos organismos denunciaron que la utilización de esta terminología perpetúa la estigmatización y va en contra de los avances en inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad.
Las críticas no solo se dirigieron hacia el contenido del documento, sino también hacia la falta de control y supervisión por parte de la ANDIS antes de su publicación. En respuesta, el Gobierno aseguró que el documento será corregido, aunque la "corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación".