El Gobierno enfrenta este viernes una de las votaciones más delicadas en el Senado desde el inicio de la gestión de Javier Milei: la sanción del Presupuesto 2026, que sería el primero aprobado bajo su administración tras dos años de prórrogas. Aunque en La Libertad Avanza aseguran contar con los votos necesarios para la aprobación en general, la discusión en particular mantiene abiertos varios frentes de conflicto que amenazan con introducir modificaciones y obligar al proyecto a regresar a la Cámara de Diputados.
Luego de que el Ejecutivo aceptara retirar el Capítulo XI, el foco de las negociaciones se trasladó a artículos puntuales. El principal punto de tensión es el artículo 30, que elimina los pisos de financiamiento establecidos en las leyes de Educación Nacional, Financiamiento Educativo, Educación Técnico Profesional y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A esto se suma el reclamo de los gobernadores por la deuda que la Nación mantiene con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES.
Este escenario encendió las alertas entre los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), especialmente en aquellos con fuerte anclaje territorial. Legisladores como el bonaerense Maximiliano Abad y el catamarqueño Flavio Fama ya manifestaron su rechazo al artículo 30, al considerar que implica un retroceso en el financiamiento educativo y científico. Si el rechazo se extiende al conjunto de la bancada radical, que cuenta con diez miembros, y suma a senadores provinciales con los que el peronismo mantiene conversaciones, el artículo podría ser rechazado.
Para el oficialismo, ese escenario es el peor de los posibles. La caída de un solo artículo implicaría una modificación del texto aprobado en Diputados y obligaría a que el proyecto vuelva a la Cámara Baja para su ratificación. En La Libertad Avanza buscan evitarlo a toda costa, sobre todo en un contexto de relaciones tensas con el PRO tras los últimos cruces parlamentarios, que dejaron un clima caldeado en Diputados.
Aun así, el Gobierno confía en reunir más de 40 votos en la votación general, pese a contar con apenas 20 senadores propios. El respaldo llegaría de aliados como Luis Juez, sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales. Sin embargo, la clave no estará solo en los votos afirmativos, sino también en la asistencia al recinto. La aprobación se define por mayoría simple de los presentes, por lo que las ausencias juegan un rol central.
En ese sentido, en el oficialismo esperan que algunos senadores que responden a gobernadores peronistas opten por ausentarse, facilitando así el número necesario para sancionar el Presupuesto. Entre ellos aparecen legisladores de Convicción Federal y representantes de Santiago del Estero, alineados con el gobernador Gerardo Zamora.
Otro foco de presión proviene de los mandatarios de Provincias Unidas, que reclaman el pago de las deudas previsionales que la Nación mantiene con 13 provincias. Entre ellos se destacan el chubutense Ignacio Torres y el cordobés Martín Llaryora, quienes cuentan con senadores propios. "Estamos esperando si avanzan las gestiones, si se concretan acuerdos de palabra", señalaron desde ese espacio.
Durante el debate en comisión, la senadora cordobesa Alejandra Vigo decidió no firmar el dictamen. "A Córdoba le adeudan alrededor de 690.000 millones de pesos, mientras que el Presupuesto 2026 destina apenas 122.762 millones para el conjunto de las 13 provincias", argumentó. Su postura contrastó con la de su compañero de bloque, el correntino Carlos "Camau" Espínola, que sí acompañó el texto.
En paralelo, el Senado también deberá tratar el proyecto de Inocencia Fiscal, que busca incentivar la exteriorización de ahorros no declarados. Allí, otro artículo generó fuertes cuestionamientos: el que eleva de manera significativa las multas del ARCA por incumplimientos impositivos formales, como la presentación fuera de término de declaraciones juradas.
Las sanciones actuales, consideradas irrisorias, pasarían de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para empresas, con actualización por UVA a partir de 2027. Las críticas apuntan a que la norma no distingue entre pymes y grandes empresas y no contempla las fallas recurrentes del sistema informático.
Ante el malestar, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunció un acuerdo con ARCA para suavizar la aplicación mediante la reglamentación. Según explicó, antes de aplicar la multa se enviará un recordatorio con un plazo de entre 10 y 15 días hábiles, y se evaluará la cantidad de días de demora para graduar la sanción.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró el anuncio y sostuvo que el Gobierno "escucha a la gente" y prioriza "acompañar a las pymes para que sigan creciendo y generen más trabajo".
Con múltiples frentes abiertos y negociaciones al límite, el oficialismo llega al Senado decidido a evitar cualquier cambio que complique la sanción definitiva del Presupuesto 2026.
