A dos semanas de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma de la Ley de Glaciares (Ley N° 27.804), el Gobierno nacional avanzó con la promulgación de las modificaciones, que quedaron formalizadas este viernes a la madrugada a través de su publicación en el Boletín Oficial. La medida se concretó mediante el Decreto N° 271/2026, que oficializó la sanción del Congreso realizada el pasado 8 de abril de 2026.
Según se indicó en la comunicación oficial, la promulgación se realizó "en uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional", lo que habilitó la entrada en vigencia inmediata de los cambios introducidos en el régimen normativo. Con esta decisión, el oficialismo concretó otra de las reformas legislativas orientadas a alentar las inversiones y fomentar la productividad.
La normativa original, promulgada en 2010, había establecido un marco de protección para los glaciares y ambientes periglaciares, considerándolos reservas estratégicas de agua dulce. Su alcance incluía funciones esenciales como el consumo humano, la recarga de cuencas hidrográficas, el turismo, la investigación científica y la preservación de la biodiversidad.
Un cambio sustancial en el esquema de protección
La reforma introduce una modificación estructural en el alcance de esa protección. Uno de los puntos centrales es la transferencia de facultades a las provincias, que ahora podrán establecer sus propios criterios para determinar qué glaciares y ambientes periglaciares deben ser preservados.
Este cambio responde a una demanda sostenida por distritos con actividad minera, ya que implica que determinadas áreas podrían dejar de estar específicamente protegidas por esta legislación. No obstante, estas zonas continuarán bajo el paraguas de la Ley General del Ambiente y otras normativas vigentes.
En este nuevo esquema, el criterio uniforme de protección nacional es reemplazado por una lógica descentralizada, en la que cada provincia tendrá un rol determinante en la definición de sus recursos naturales y en la autorización de actividades en esos territorios.
Glaciares de escombros y función hídrica
Otro de los cambios más relevantes está vinculado con el tratamiento de los Glaciares de Escombros (GdE) y las áreas periglaciares. Mientras que la ley original establecía una protección general sobre estos ambientes, la reforma introduce una delimitación basada en la "función hídrica comprobada o relevante".
A partir de ahora, solo aquellos cuerpos y geoformas que cumplan con este criterio serán objeto de una protección estricta. Este nuevo enfoque abre la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en sectores que anteriormente estaban vedados.
Durante las audiencias públicas previas al tratamiento legislativo, este punto generó cuestionamientos por parte de especialistas y organizaciones ambientales, que plantearon preocupaciones sobre el impacto de esta redefinición en la preservación de los ecosistemas.
Redefinición del rol científico
La reforma también introduce cambios en la estructura de control y monitoreo científico. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que hasta ahora tenía un rol central en la identificación de glaciares, verá reducida su función.
En el nuevo esquema, el organismo pasará a cumplir un papel más acotado y registral, mientras que las provincias asumirán mayores atribuciones en la determinación de las áreas protegidas. El inventario nacional elaborado por el IANIGLA seguirá siendo de "ineludible consulta y consideración", pero ya no tendrá carácter vinculante.
Además, se estableció que en los casos de zonas fronterizas aún no demarcadas, será obligatoria la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto antes de incorporar datos al inventario.
De las prohibiciones generales al control
Otro de los ejes de la reforma es el cambio en el sistema de prohibiciones. La normativa anterior contemplaba un esquema de prohibiciones generales, mientras que la nueva ley adopta un modelo basado en la evaluación de impacto ambiental caso por caso.
En este contexto, serán las provincias las encargadas de evaluar y autorizar actividades productivas, en función de los resultados de los estudios técnicos. De este modo, la habilitación de proyectos dejará de depender de un veto previo general y pasará a estar sujeta a análisis específicos.
Aprobación legislativa y fundamentos del Ejecutivo
La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con el siguiente resultado:
- 137 votos afirmativos
- 111 votos negativos
- 3 abstenciones
Tras la sanción, el Poder Ejecutivo Nacional defendió los cambios argumentando que permitirán ordenar el marco normativo, evitar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental, otorgando mayor protagonismo a las provincias en la gestión de sus recursos.
En un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno sostuvo que la reforma "aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas", al tiempo que habilita, bajo evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de minerales en terrenos que anteriormente estaban catalogados como glaciares sin corresponder al objeto protegido por la ley.
Asimismo, desde el Ejecutivo celebraron que la nueva normativa eliminará "distorsiones ideológicas y trabas artificiales que impedían el progreso", y reafirmaron que "el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos".
En el cierre del posicionamiento oficial, se afirmó que "los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron" y que "los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder", concluyendo que las agendas que buscan frenar el desarrollo encontraron en el actual Gobierno a su principal opositor.
