La diputada Adriana Díaz presentó un proyecto de ley que dispone la reforma integral del Código de Faltas provincial, vigente desde el año 2005. La iniciativa establece crear una comisión reformadora especializada con el objetivo modernizar la normativa para adaptarla a los principios de derechos humanos, la Constitución Nacional y las demandas sociales actuales, priorizando la prevención y la paz social.
El proyecto de la diputada Díaz surge de la necesidad de dejar atrás un código obsoleto que, según los fundamentos presentados, contiene un enfoque excesivamente punitivo y represivo, con un 84% de sus figuras contravencionales previendo la pena de arresto. En su lugar, se propone un marco legal que privilegie soluciones reparatorias y garantice el acceso a la justicia.
"Necesitamos una herramienta legislativa nueva que conjugue de manera inteligente los fines de una política criminal eficiente, el derecho a la seguridad ciudadana y el aseguramiento de los derechos y garantías constitucionales de todos los catamarqueños," afirmó Díaz.
Puntos Clave del Proyecto de Ley:
Reforma Integral: Se declara la necesidad de una reforma completa de la Ley N° 5171 para modernizarla y adaptarla a las realidades sociales de hoy.
Creación de una Comisión Reformadora: Se establece un grupo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional para el estudio, revisión y actualización del código. La comisión estará integrada por representantes del Poder Legislativo (Diputados y Senadores), el Poder Judicial, el Ministerio de Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la UNCa y el Colegio de Abogados.
Enfoque de Derechos Humanos: La reforma buscará consagrar la coherencia y cohesión del marco regulatorio con un claro enfoque en derechos humanos y ambientales, eliminando la criminalización de comportamientos inocuos.
Prevención y Reparación: El objetivo es pasar de un modelo punitivo a uno que priorice la prevención de las contravenciones y la búsqueda de soluciones reparatorias, promoviendo la convivencia pacífica.
El proyecto destaca que la reforma es una "necesidad social y constitucional impostergable" y representa una oportunidad para construir un sistema que proteja a la ciudadanía, respete las garantías constitucionales y fomente la paz social en toda la provincia.