La Casa Rosada continúa discutiendo la reforma del Código Penal, una iniciativa que tendrá alcance nacional y repercusión en provincias como Catamarca. En Balcarce 50 persisten diferencias sobre el alcance del proyecto, el formato de envío y la interpretación de una decisión que el presidente Javier Milei tomó antes de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La tensión ya impacta de lleno en la interna por el control del área entre Karina Milei y Santiago Caputo.
Desde el Gobierno sostienen que la instrucción presidencial durante el verano fue no enviar un código completamente nuevo, sino avanzar con una reforma amplia del Código Penal vigente.
La explicación oficial es política: presentar un texto totalmente nuevo obligaría al oficialismo a fijar posición sobre temas sensibles, entre ellos el aborto, al reemplazar integralmente el régimen actual.
Por ese motivo, aseguran que la idea de un "nuevo código" fue más discursiva que jurídica y que lo que realmente se buscaba era una modificación profunda sin abrir esa discusión. En ese punto surgieron las diferencias tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Gabinete.
En el entorno del asesor presidencial acusan a Mahiques de haber interpretado esa definición de Milei a su favor y de haberla utilizado para dejar de lado la reforma integral que ya se venía trabajando.
Según esa visión, el ministro tomó el criterio de no enviar un código nuevo como argumento para avanzar con su propio esquema: remitir primero un proyecto recortado y dejar una reforma más amplia para una etapa posterior.
En el Ministerio de Justicia rechazan esa acusación y sostienen que lo acordado con el Presidente fue justamente avanzar de ese modo: enviar la reforma en partes y postergar la discusión de un nuevo Código Penal.
Bajo ese esquema, el proyecto reducido permanece en la Secretaría de Legal y Técnica a la espera de la firma presidencial para ser enviado al Congreso, mientras que el resto de la iniciativa continúa en elaboración dentro del ministerio.
Las tensiones se reavivaron tras circular en la Casa Rosada la versión de que en la última reunión de mesa política se había definido avanzar con la reforma completa. Desde Justicia niegan esa interpretación y sostienen que por ahora se enviará únicamente la versión reducida. "No hubo órdenes en otro sentido", aseguran.
La discusión no es solo técnica: quedó atravesada por la disputa entre los sectores que orbitan alrededor de Karina Milei y Santiago Caputo por el manejo del área de Justicia.
En uno de los sectores sostienen que se está tergiversando la definición original del Presidente, mientras que en el otro responden que la interpretación cuestionada fue la acordada con Milei y que continúa vigente.
En Balcarce 50 reconocen que todavía no existe una estrategia cerrada sobre cómo se enviará el proyecto ni quién será el encargado de defenderlo en el Congreso.
La idea que hoy circula en el Gobierno es que el texto reducido podría ser remitido al Senado en el mediano plazo, aunque todavía no hay una hoja de ruta definida ni un acuerdo político consolidado con aliados para avanzar.
La reforma corta incluye capítulos que el oficialismo considera más defendibles en términos políticos y con mayor viabilidad parlamentaria. Entre ellos figuran nuevas tipificaciones y el agravamiento de penas para delitos migratorios, estafas piramidales, viudas negras, salideras, entraderas, motochorros, grooming, abuso sexual infantil, armas en cárceles y picadas.
El resto del rediseño del Código Penal quedó nuevamente sujeto a una interna que ya desbordó el plano jurídico. En el Ejecutivo insisten en que la reforma penal sigue en carpeta y que no fue postergada formalmente.
