El fiscal federal Abel Córdoba dictaminó este martes que el empresario Lázaro Báez debe regresar a prisión para cumplir su condena en la causa conocida como la "ruta del dinero K". La solicitud se produce tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó la pena por lavado de dinero agravado.

La medida también alcanza a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador de Báez, respectivamente. Todos ellos ya habían estado detenidos previamente, y será el juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), quien deberá definir el cómputo de sus penas. Costabel fue el mismo magistrado que presidió el juicio oral.

"Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal", señala el dictamen del fiscal Córdoba.

En el mismo documento, el fiscal entendió que Martín Báez, hijo del empresario y también condenado en la causa, no deberá volver a la cárcel ya que se le concedió la excarcelación y actualmente goza de libertad condicional.

La semana pasada, la Corte Suprema confirmó las condenas por el delito de lavado de activos por más de 55 millones de dólares cometidos entre 2010 y 2013, a través de la financiera SGI —más conocida como "La Rosadita"—. El TOF 4 ya había ordenado la detención de otros condenados: Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y Eduardo Castro.

Hasta este martes, no había definiciones concretas sobre si Báez debía regresar a prisión. Su defensa había solicitado la continuidad del arresto domiciliario, argumentando que ya llevaba nueve años detenido.

La causa se originó en 2013 tras un informe del programa Periodismo Para Todos (PPT), conducido por Jorge Lanata, que denunció que Lázaro Báez, empresario cercano a Néstor Kirchner y principal contratista de obra pública en Santa Cruz, había expatriado unos 55 millones de dólares a cuentas en Suiza mediante maniobras financieras.

Ese informe incluyó testimonios de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, este último grabado en cámara oculta. La investigación se reactivó en 2016 con la difusión de un video en el que se veía a Martín Báez contando fajos de billetes en las oficinas de "La Rosadita".

En abril de ese año, el juez Sebastián Casanello ordenó la detención de Báez y de su contador, Daniel Pérez Gadín, por temor a una posible fuga. También fue arrestado el abogado Jorge Chueco, que intentaba escapar hacia Paraguay.

Durante la instrucción, se determinó que existió una organización criminal que operó entre diciembre de 2010 y abril de 2013 a través de Austral Construcciones. La maniobra incluyó la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso al sistema financiero, por un total de 54.872.866,69 dólares.