Este domingo 15 de noviembre se cumplen nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, una tragedia que conmocionó al país y terminó con la vida de los 44 tripulantes que se encontraban a bordo cuando la nave desapareció en las aguas del Atlántico Sur, en 2017.
El hecho, ocurrido el 15 de noviembre de aquel año, dio lugar a una extensa investigación y posteriormente a un juicio oral destinado a establecer las responsabilidades penales por lo sucedido. Sin embargo, a casi una década de la desaparición del submarino, el proceso judicial de primera instancia concluyó con una sola condena de ejecución condicional y tres absoluciones.
El debate oral finalizó el 8 de julio de 2026, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. La sentencia estableció una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, mientras que los otros tres integrantes de la Armada Argentina que llegaron al juicio fueron absueltos.
El resultado judicial constituye uno de los aspectos centrales de la situación actual de la causa, especialmente porque las querellas avanzan con recursos de apelación en contra de la sentencia, buscando cuestionar las decisiones adoptadas por el tribunal.
Una condena y tres absoluciones en el Tribunal Oral Federal
El tribunal estuvo integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronet y Luis Giménez, con Guillermo Quadrini como magistrado suplente.
Durante el proceso, los integrantes del cuerpo judicial analizaron las responsabilidades atribuidas a los cuatro acusados y resolvieron condenar a Villamide por considerarlo penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.
La pena impuesta fue de tres años de prisión de ejecución condicional. Además, el excomandante recibió una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y deberá cumplir determinadas reglas de conducta.
En contrapartida, el tribunal resolvió absolver por unanimidad a los otros tres acusados:
Luis Enrique López Mazzeo, contralmirante.
Héctor Aníbal Alonso, excapitán de navío.
Hugo Miguel Correa, excapitán de fragata.
De esta manera, el juicio concluyó con una única persona condenada y tres absoluciones, una resolución que no puso fin a las controversias judiciales, ya que las querellas continúan avanzando con recursos contra el fallo.
Los testimonios de los familiares
Durante las audiencias también tuvieron un lugar central los testimonios de familiares de los tripulantes fallecidos. Sus declaraciones aportaron relatos personales sobre las condiciones en las que se encontraba el submarino antes de su última navegación y las consecuencias que la tragedia dejó en quienes esperaron durante meses alguna explicación sobre lo sucedido.
En una audiencia realizada en junio, Susana Vizcarra, esposa del Suboficial Primero Walter Germán Real, brindó un testimonio en el que expresó el sentido del trabajo que realizaban los tripulantes y las preocupaciones que, según relató, existían antes de la partida.
"Ellos no salieron a morir, salieron a trabajar", manifestó durante su declaración.
Vizcarra también contó que su esposo le había dicho que "había que figurar que navegaban" y sostuvo que la unidad no se encontraba en condiciones óptimas.
Su testimonio volvió a poner sobre la mesa uno de los aspectos más sensibles de la investigación: las condiciones técnicas y operativas del submarino antes de emprender su última misión.
Por su parte, Esther Rojas, madre del Cabo Principal Luis Alberto Niz, sostuvo que a su hijo "le arrebataron la vida cuando mandaron a navegar un submarino que no estaba en condiciones". La declaración expresó el reclamo de una familia que busca respuestas sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de la nave y la decisión de enviarla a navegar.
También declaró Lucía Zunda Meoqui, hermana del Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui, quien pidió que la Armada Argentina reconozca los errores cometidos y aprenda a pedir disculpas. Los testimonios reflejaron distintas dimensiones del dolor y de las demandas de los familiares, que durante el proceso judicial tuvieron la posibilidad de exponer sus experiencias y plantear sus cuestionamientos.
El impacto de la tragedia en las familias
Entre las declaraciones incorporadas al debate se destacó también la de Jésica Gopar, viuda del Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli, quien describió las consecuencias personales y familiares que dejó la pérdida de los 44 tripulantes.
Conmovida y entre lágrimas, explicó que el impacto de la tragedia excedió la ausencia física de un ser querido y modificó por completo la vida de quienes quedaron esperando respuestas.
"No es solo la pérdida de un familiar, es la vida que se te rompe", expresó.
Gopar reclamó una explicación definitiva sobre lo ocurrido y cuestionó el accionar de la Armada en los años posteriores al hundimiento. Su testimonio puso de manifiesto que, más allá de las responsabilidades penales examinadas durante el juicio, las familias continúan atravesadas por las consecuencias de la tragedia y por la necesidad de conocer con precisión qué sucedió con el submarino.
Las declaraciones de Vizcarra, Rojas, Zunda Meoqui y Gopar formaron parte de los testimonios familiares incorporados al proceso y permitieron exponer las preocupaciones previas a la navegación, las condiciones de la unidad y los reclamos que se mantienen desde el hundimiento.
El informe de abril de 2017 que había advertido sobre numerosas fallas
Uno de los elementos documentales más relevantes incorporados durante el juicio fue el acta de la reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina del 30 de abril de 2017, realizada en Mar del Plata.
En aquel encuentro, el entonces comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, informó sobre una serie de inconvenientes técnicos detectados después de la reparación de media vida del submarino.
El documento registró distintas deficiencias que afectaban sistemas fundamentales de la unidad y que fueron expuestas ante las autoridades del Arma Submarina.
Entre las fallas informadas se encontraban:
Inconvenientes en el sistema de refrigeración de agua de mar.
Pérdidas hidráulicas.
Filtraciones de aire.
Detectores de gases fuera de servicio.
Fallas en sensores.
Ruidos en la línea de eje.
Filtraciones entre un tanque de combustible y un tanque de baterías.
La enumeración de estos inconvenientes adquirió especial relevancia durante el debate judicial porque permitió reconstruir el estado técnico del submarino meses antes de su desaparición.
El documento también consignó que la nave acumulaba 39 meses sin recibir el mantenimiento previsto.
A pesar de esa situación, se había establecido que contaba con capacidad operativa bajo determinadas restricciones, entre ellas una profundidad máxima de navegación de 100 metros.
Sin embargo, el Consejo Asesor recomendó gestionar de manera "imperiosa" el ingreso del submarino a dique seco durante el primer semestre de 2018.
La recomendación quedó asentada en el acta y constituyó uno de los antecedentes documentales analizados durante el juicio para examinar las condiciones en las que se encontraba el ARA San Juan antes de su última navegación.
Una reunión con participación de altos mandos de la Armada
El encuentro del 30 de abril de 2017 estuvo encabezado por el entonces inspector del Arma Submarina, Gabriel Attis, y contó con la participación de comandantes de las principales unidades y altos mandos.
La importancia institucional de aquella reunión también quedó reflejada en la cantidad de firmas que acompañaron el documento: el acta fue firmada por 14 capitanes de navío. La incorporación de este material al proceso judicial permitió que las advertencias técnicas realizadas antes del hundimiento fueran examinadas dentro del debate sobre las responsabilidades de los integrantes de la Armada.
Los problemas informados por Pedro Martín Fernández, el tiempo acumulado sin el mantenimiento previsto, las restricciones operativas y la recomendación de ingreso urgente a dique seco constituyeron elementos centrales para comprender el contexto técnico previo a la tragedia.
De esta manera, el juicio no solamente estuvo atravesado por las decisiones adoptadas después de la desaparición del submarino, sino también por los antecedentes que daban cuenta de su estado antes de iniciar la navegación que terminó con la vida de sus 44 tripulantes.
El hallazgo de los restos y una causa que continúa abierta
Los restos del ARA San Juan fueron localizados en noviembre de 2018, a unos 900 metros de profundidad. El hallazgo permitió localizar finalmente la nave que había desaparecido en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017, aunque no modificó la dimensión de una tragedia que dejó 44 víctimas y que continuó generando reclamos de sus familiares.
A nueve años del hundimiento, el escenario judicial presenta una sentencia de primera instancia que condenó a Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional, le impuso una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y reglas de conducta, y absolvió por unanimidad a Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.
Mientras tanto, las querellas avanzan con recursos de apelación contra el fallo, por lo que las controversias judiciales no concluyeron con la resolución del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.
La conmemoración de este domingo vuelve a poner en primer plano una tragedia que permanece vinculada tanto con las responsabilidades institucionales y las advertencias técnicas previas como con el reclamo de las familias por conocer definitivamente qué ocurrió.
Nueve años después, el hundimiento del ARA San Juan continúa siendo una herida abierta para los familiares de los 44 tripulantes, en un contexto en el que el juicio de primera instancia terminó con una única condena y tres absoluciones, mientras siguen adelante los planteos de las querellas contra la sentencia.