El Gobierno nacional espera con cautela la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido argentino para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. El pronunciamiento está previsto para el sábado 28 de noviembre, luego de las audiencias realizadas esta semana en Hamburgo, Alemania.
Mientras aguarda la decisión, la Casa Rosada prepara respuestas para tres escenarios posibles: que el organismo conceda las medidas provisionales solicitadas, que disponga una protección parcial o que rechace el planteo argentino.
En el Ejecutivo reconocen que una de las alternativas es que los jueces consideren que el futuro tribunal arbitral no tiene jurisdicción para intervenir en la controversia. Sin embargo, también contemplan resoluciones favorables y aseguran que el equipo jurídico trabaja en distintas opciones para sostener el reclamo, independientemente del resultado.
La prioridad oficial es preservar las posibilidades de actuación internacional y evitar que una eventual decisión adversa sea interpretada como el final de la disputa.
Qué puede resolver el Tribunal del Mar
Uno de los puntos centrales del procedimiento es que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no debe resolver quién ejerce la soberanía sobre las Islas Malvinas.
La Argentina inició un arbitraje contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y recurrió al organismo con sede en Hamburgo para solicitar medidas urgentes mientras se constituye el tribunal que deberá examinar la controversia.
La presentación argentina no busca que se determine la titularidad territorial del archipiélago, sino que se protejan los derechos que el país invoca sobre la plataforma continental y sus recursos frente al avance de actividades hidrocarburíferas unilaterales.
El artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR establece que el Tribunal del Mar puede ordenar medidas provisionales antes de que se constituya el órgano arbitral, siempre que considere, de manera preliminar, que ese futuro tribunal tendría jurisdicción y que existe una situación de urgencia.
Para adoptar una decisión, también debe evaluar la plausibilidad de los derechos que se busca proteger y el riesgo de que se produzca un perjuicio irreparable.
Los tres escenarios que analiza el Gobierno
En la Casa Rosada contemplan tres resultados principales para la resolución del 28 de noviembre:
Una decisión favorable: el Tribunal podría ordenar al Reino Unido adoptar medidas para impedir nuevas perforaciones o la instalación de infraestructura productiva vinculada con el proyecto Sea Lion.
Una protección parcial: los jueces podrían establecer restricciones u obligaciones diferentes de las solicitadas por la Argentina, por ejemplo, en materia de protección ambiental.
El rechazo del pedido: el organismo podría desestimar la solicitud argentina. En ese caso, el Gobierno deberá analizar los fundamentos de la resolución antes de definir los próximos pasos.
La cuestión de la jurisdicción es especialmente sensible. El Reino Unido sostiene que la controversia no puede examinarse sin abordar previamente la soberanía territorial, una materia que considera ajena a los mecanismos previstos en la Convención.
La Argentina rechaza esa interpretación y argumenta que el tribunal puede proteger derechos sobre recursos naturales sin pronunciarse sobre la soberanía de las islas.
Una eventual decisión adversa sobre la jurisdicción preliminar tendría un alcance distinto de un rechazo basado únicamente en la falta de urgencia, ya que anticiparía objeciones que podrían reaparecer durante el arbitraje.
Los pedidos argentinos y la explotación de Sea Lion
La Argentina presentó cuatro pedidos concretos ante los jueces. El principal apunta a impedir nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura productiva vinculada con Sea Lion, incluso cuando esas tareas sean realizadas por empresas bajo jurisdicción o control británico.
Además, reclamó restringir el uso de información obtenida durante la exploración, evitar que el Reino Unido obstaculice las obligaciones argentinas de protección ambiental y prohibir nuevas autorizaciones que agraven la controversia.
Los cuatro puntos quedaron incluidos en la presentación final firmada el 11 de noviembre por el embajador Mario Oyarzábal.
El Gobierno sostiene que la urgencia está relacionada con el inicio previsto de las perforaciones durante 2027 y con la imposibilidad de recuperar los recursos no renovables una vez extraídos.
El desarrollo Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, contempla infraestructura submarina y una explotación de largo plazo en la Cuenca Malvinas Norte.
Durante las audiencias, la delegación argentina expuso que los trabajos preparatorios ya están en marcha y advirtió sobre los posibles daños ambientales. La defensa británica, por su parte, respondió que la producción comercial no comenzaría antes de 2028 y cuestionó que exista un peligro suficientemente inmediato para justificar las medidas provisionales.
Cómo continuará el reclamo si el fallo es adverso
El Gobierno evalúa continuar con el pedido de protección ante el tribunal arbitral una vez que quede constituido. Sin embargo, cualquier nueva solicitud dependerá de los fundamentos de la resolución del Tribunal del Mar y de las circunstancias existentes en ese momento.
La CONVEMAR permite que el órgano arbitral adopte medidas provisionales y que confirme, modifique o revoque las que hayan sido ordenadas previamente.
El siguiente paso será la conformación del tribunal del Anexo VII, integrado por cinco miembros: uno designado por cada país y otros tres acordados entre las partes. La Convención establece plazos para esas designaciones y prevé mecanismos para completar los nombramientos si no existe acuerdo.
Por ahora, no hay una confirmación pública de que el órgano vaya a estar completamente constituido antes de la resolución del 28 de noviembre.
La estrategia diplomática y legislativa
El frente judicial se complementa con las actuaciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas y con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La Casa Rosada había anunciado más de 180 notas de desaliento dirigidas a compañías y proveedores, además de procedimientos sancionatorios contra alrededor de 60 personas humanas y jurídicas. Las penalidades definitivas continúan sujetas a las actuaciones correspondientes.
En paralelo, el oficialismo pretende tratar el proyecto legislativo en la Cámara de Diputados el 18 de noviembre, aunque todavía existen diferencias con sus aliados por disposiciones que exceden el capítulo de protección de la soberanía.
Durante las audiencias en Hamburgo, el jurista argentino Marcelo Kohen sostuvo que la disputa territorial no habilita al Reino Unido a disponer libremente de los espacios marítimos alrededor de las islas. También recordó las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la controversia de soberanía y llaman a evitar decisiones unilaterales.
Por su parte, Nicolaas Jan Schrijver advirtió que, una vez iniciadas las perforaciones, sería imposible preservar completamente la situación anterior. El embajador Oyarzábal cerró la presentación argentina y reiteró la disposición del país a retomar las negociaciones bilaterales y alcanzar acuerdos prácticos mientras continúe la controversia.
La delegación estuvo integrada por funcionarios de la Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, junto con especialistas en derecho internacional.
La resolución del 28 de noviembre será una primera definición sobre la protección urgente de los recursos en disputa, pero no una sentencia sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas ni el cierre del reclamo. El Gobierno busca sostener la estrategia jurídica, diplomática y administrativa más allá del resultado que se conozca en Hamburgo.
