El juicio oral por la causa conocida como "Cuadernos" se reanudará este martes a las 13.30 en los tribunales federales de Comodoro Py, en una instancia decisiva del proceso judicial. Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, durante la audiencia está previsto que se dé lectura a los descargos de los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra, paso previo al inicio de la valoración de la prueba incorporada a lo largo del debate.

La reanudación del juicio marca un momento clave, ya que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) comenzará a analizar el conjunto de evidencias reunidas durante el proceso, una etapa que permitirá avanzar hacia los alegatos y, eventualmente, el dictado de las sentencias. Se trata de una de las causas de corrupción más relevantes de las últimas décadas, tanto por la magnitud de los hechos investigados como por el nivel de los imputados.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la utilización de la Sala AMIA, recientemente remodelada en el edificio de Comodoro Py 2002, como un nuevo espacio disponible para la realización de juicios orales de gran envergadura. La medida se inscribe en el marco de un plan de mejoras edilicias impulsado por el Poder Judicial para optimizar las condiciones en las que se desarrollan procesos complejos y de alta relevancia institucional.

La decisión del máximo tribunal representa un alivio para el TOF 7, cuyos integrantes habían advertido sobre las limitaciones de infraestructura para llevar adelante el juicio por la causa Cuadernos. Con la habilitación de la Sala AMIA, el tribunal contará con un espacio adecuado que permitirá acelerar el desarrollo del proceso y garantizar mejores condiciones para jueces, fiscales, defensores, imputados y público.

Durante la última audiencia, realizada el jueves pasado, se expusieron detalles sobre el presunto pacto entre empresarios y funcionarios públicos para sostener un esquema sistemático de recaudación ilegal. De acuerdo con la acusación, entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, entre ellos Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, junto con empresarios del sector de la construcción y la obra pública, como Carlos Wagner y Ernesto Clarens.

Según el Ministerio Público Fiscal, esta estructura tenía como objetivo la obtención de beneficios económicos ilegales a través de negociaciones irregulares vinculadas a áreas estratégicas como la obra pública, la energía y el transporte. El mecanismo consistía en exigir a las empresas adjudicatarias el pago de retornos que oscilaban, en general, entre el 3% y el 20% del valor total de las obras, a cambio de asegurar contratos, agilizar pagos y garantizar la continuidad de los proyectos.

En su declaración, Carlos Wagner, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que el sistema comenzaba con reuniones entre empresarios, en las que se definía qué empresa se quedaría con cada obra y cuál sería el monto de la dádiva a pagar. Esa información, detalló, era luego transmitida a José López, quien se encargaba de derivarla a funcionarios de Vialidad Nacional para que los valores fueran incorporados a los listados de pagos mensuales del Estado.

La acusación sostiene que este esquema se mantuvo de manera sostenida durante más de una década, con un grado de organización que permitió su funcionamiento sistemático y coordinado entre funcionarios y empresarios.

En cuanto a la infraestructura judicial, la puesta en valor de la Sala AMIA fue realizada por la Dirección General de Infraestructura Judicial, bajo la supervisión de la Intendencia de la Cámara Federal de Casación Penal. La obra demandó una inversión de $162.434.175 y se enmarca en el Plan General de Obras impulsado por el Consejo de la Magistratura, orientado a adecuar los edificios judiciales a las exigencias del nuevo Sistema Acusatorio.

Con la reanudación del juicio y el inminente inicio de la valoración de la prueba, la causa Cuadernos entra en una fase decisiva que podría definir responsabilidades penales en uno de los expedientes más emblemáticos de la historia judicial reciente.