La discusión en torno a los costos laborales en el sector comercial sumó un nuevo capítulo a partir del lanzamiento del Decreto 612/2026, una normativa que generó un fuerte rechazo por parte de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).
La entidad empresaria emitió un duro comunicado en el que expresó su "profunda preocupación y rechazo" frente a la medida reglamentada por el Poder Ejecutivo y apuntó directamente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El conflicto se encuentra vinculado con los costos laborales que deben afrontar las empresas del sector comercial y con el alcance que adquirieron determinados aportes establecidos en el marco de los convenios colectivos de trabajo.
Para CADAM, la normativa representa un claro retroceso respecto del espíritu inicial de la reforma laboral. Desde la entidad sostienen que la reglamentación terminó desvirtuando la promesa original de evitar que los empleadores se vean obligados a financiar estructuras que incrementan el costo laboral de manera obligatoria.
El cuestionamiento, de este modo, no se limita a la existencia de aportes destinados a determinadas instituciones, sino que se concentra en el carácter obligatorio que, según plantean los empresarios mayoristas, adquieren esas contribuciones cuando son establecidas a través de una negociación colectiva.
El aporte al INACAP, en el centro del reclamo
Uno de los principales puntos señalados por CADAM está relacionado con los aportes que las empresas deben realizar por cada trabajador alcanzado por el convenio colectivo de empleados de comercio.
De acuerdo con la explicación de la entidad, las compañías están obligadas a efectuar contribuciones al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), incluso en aquellos casos en los que el trabajador no reciba capacitación. Para la cámara empresaria, este mecanismo representa una recaudación que supera los $30.000 millones anuales. Esos fondos, según indicó CADAM, son distribuidos entre determinadas cámaras empresarias, aun cuando las compañías que realizan los aportes no hayan decidido asociarse voluntariamente a esas entidades.
La situación es uno de los ejes centrales de la crítica porque, desde la perspectiva de los mayoristas, existe una diferencia sustancial entre participar voluntariamente de una organización empresarial y quedar alcanzado por una obligación surgida de una negociación colectiva.
"No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan", sostuvo la cámara empresaria.
La definición resume el planteo que CADAM busca instalar en el debate: la posibilidad de que una empresa decida por voluntad propia si desea realizar aportes a determinadas cámaras o instituciones, en lugar de que esa contribución resulte obligatoria a partir de los convenios colectivos.
Qué cuestiona CADAM del Decreto 612/2026
El reclamo empresarial se intensificó a partir de la modificación introducida por el Decreto 612/2026. Según explicó CADAM, la nueva normativa establece que las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden realizar dentro del marco de los Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores.
Para la cámara, esa modificación termina desvirtuando el objetivo que, según su interpretación, tenía originalmente la reforma laboral. El punto de discusión se encuentra entonces en la relación entre las disposiciones de los convenios colectivos y la posibilidad de que las empresas queden sujetas a costos que no surgen de una decisión individual y voluntaria.
"Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto", advirtió CADAM.
Una crítica directa al rumbo de la reforma
El planteo de los empresarios mayoristas apunta de manera directa al rumbo que tomó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y, particularmente, a una de las medidas que había sido presentada como parte del proceso de desregulación.
En este escenario, la preocupación de CADAM se concentra en que, según la entidad, el esquema vigente mantiene mecanismos que obligan a las empresas a realizar aportes vinculados con estructuras empresariales que no necesariamente representan sus intereses.
La cámara sostiene que el problema no consiste en impedir que las cámaras empresarias reciban aportes. El cuestionamiento está dirigido específicamente a que esos pagos sean obligatorios y queden establecidos mediante convenios colectivos.
Esta distinción es central para entender el reclamo. Para CADAM, una cosa es que una empresa decida participar voluntariamente de una cámara, asociación u otra institución empresarial y, a partir de esa decisión, realice los aportes correspondientes. Otra situación, diferente según la entidad, es que una obligación de ese tipo surja de una negociación colectiva en la que la empresa no participó.
La libertad de decisión como eje del reclamo
El sector mayorista reclama que las empresas puedan decidir libremente si desean realizar aportes a cámaras, asociaciones u otras instituciones empresariales. La diferencia planteada por CADAM se establece, así, entre una contribución voluntaria, definida por cada compañía, y una obligación que surge de una negociación colectiva.
El planteo coloca nuevamente en el centro de la discusión el impacto que tienen los convenios colectivos sobre los costos que deben afrontar las empresas. En particular, abre un debate sobre aquellas contribuciones que, según la posición expresada por los mayoristas, pueden convertirse en cargas obligatorias aun cuando las compañías no hayan elegido asociarse a las entidades que reciben esos fondos.
La discusión se incorpora de esta manera al proceso de implementación de la reforma laboral y al debate sobre cuáles deberían ser los mecanismos destinados a reducir los costos laborales y eliminar cargas que no sean consideradas necesarias.
El principio que buscan preservar los mayoristas
Para Federico Sturzenegger, cualquier reforma que tenga como objetivo reducir los costos laborales y eliminar cargas que no sean consideradas necesarias debería sostener como principio la libertad de decisión de los empleadores respecto de este tipo de contribuciones.
Desde esa perspectiva, el reclamo contra el Decreto 612/2026 se construye alrededor de una cuestión central: determinar si determinados aportes vinculados con convenios colectivos deben mantenerse como obligaciones para las empresas o si, por el contrario, deberían quedar sujetos a una decisión voluntaria de cada empleador.
El sector mayorista cuestiona que la reglamentación vuelva a generar, según su interpretación, el efecto que la reforma laboral buscaba evitar: la existencia de costos y cargas obligatorias asociados a estructuras empresariales que no necesariamente representan a las compañías que deben financiarlas.
Así, el conflicto entre CADAM y el rumbo adoptado por el Poder Ejecutivo vuelve a poner bajo análisis el vínculo entre reforma laboral, convenios colectivos, aportes empresariales y costos para las compañías. Para los empresarios mayoristas, la clave está en que la reducción de cargas laborales conserve como principio la posibilidad de que cada empresa decida libremente qué contribuciones desea realizar, sin que una obligación surgida de una negociación colectiva determine ese pago.