La aprobación de un nuevo acuerdo paritario para el personal del Congreso ha desatado un fuerte revuelo político al reactivar, de manera automática, una mejora en los ingresos de los senadores nacionales. Con este ajuste, que se desprende de un mecanismo vinculado directamente a los salarios de los trabajadores legislativos, los haberes en la Cámara alta ascenderán a un monto cercano a los 11,5 millones de pesos. Esta cifra ha puesto nuevamente bajo la lupa la brecha salarial con la Cámara de Diputados, donde las remuneraciones, al no contar con un sistema de actualización ligado a las paritarias, se mantienen en un promedio de 6 millones de pesos.
El entendimiento salarial, que se conoció el pasado miércoles, estipula una suba acumulada del 11,9% para el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. Este incremento se abonará de forma escalonada, dividiéndose en seis tramos específicos: 2% en diciembre, 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo. El acuerdo fue suscripto formalmente por las autoridades administrativas y parlamentarias de ambas cámaras, junto a los representantes gremiales de APL, UPCN y ATE.
Un mecanismo bajo la lupa pública
El desajuste que hoy indigna a sectores de la sociedad tiene su origen en una norma aprobada por los propios senadores en abril de 2024. Dicho sistema establece que los ingresos se calculan en base a 4000 módulos, integrados por una base salarial de 2500 módulos vinculada a los empleados legislativos, a los que se suman 1000 módulos asignados a gastos de representación y 500 módulos adicionales por desarraigo, incorporando además una decimotercera remuneración anual creada para compensar el pago del aguinaldo.
Ante la creciente presión social, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se desmarcó de la decisión administrativa. En un mensaje contundente dirigido a quienes calificó como "operadores malintencionados", aclaró que ella no es senadora y, por ende, no tiene injerencia en la fijación de los montos ni en la cantidad de asesores contratados. Como alternativa, la vicepresidenta propuso que aquellos legisladores que deseen rechazar el impacto del aumento realicen una donación a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, institución con la que el Senado mantiene un convenio vigente.
Reacciones políticas y el dilema de la austeridad
La respuesta del espectro político no se hizo esperar. La senadora Patricia Bullrich anunció que el bloque de La Libertad Avanza no percibirá el incremento, bajo la premisa de que el salario legislativo debe ser coherente con los principios de austeridad que defiende el oficialismo. En la misma sintonía, la bancada de la UCR, conducida por el senador Eduardo Vischi, formalizó su rechazo al aumento. Los radicales argumentaron que, aunque las paritarias son fundamentales para los trabajadores, los legisladores deben mantener una actitud de moderación y razonabilidad en un contexto de transición y esfuerzo económico para los argentinos, ya que consideran que no deben permitirse gestos que contradigan el principio de austeridad que pregonan.
En el plano individual, los senadores han comenzado a informar sus decisiones a la Secretaría Administrativa, a cargo de Alejandro Fitzgerald. Los pasos a seguir implican que cada legislador envíe una nota formal a la presidencia del Senado notificando si opta por no percibir la suba, si desea realizar una donación parcial o total, o a qué institución destinará los fondos. En los próximos días, desde la presidencia de la Cámara se publicará un listado detallando estas donaciones como medida de transparencia.
Un caso particular es el del senador Francisco Paoltroni, quien ratificó que acatará la decisión de su bloque. No obstante, detalló que su situación es compleja, ya que sus haberes se encuentran embargados por una orden del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. El legislador libertario denunció que percibe aproximadamente el 50% de sus ingresos y que, además, había solicitado licencia sin goce de haberes el año pasado, cuestionando a su vez la falta de acción de la presidencia del Senado ante el embargo provincial.
Finalmente, el debate parece haber abierto una puerta a cambios estructurales a futuro. Ante la magnitud de la polémica, diversos senadores han comenzado a promover la idea de impulsar una sesión para derogar la norma de 2024, buscando finalmente "desenganchar" los salarios del personal legislativo de los ingresos de los representantes, una medida que intentaría poner fin al automatismo que hoy genera un alto costo político.
