En la conferencia de prensa del martes 15 de diciembre, el ministro Ginés González García aceptó que el acuerdo con Pfizer por la vacuna contra el coronavirus "aún no está cerrado" y mencionó que la firma internacional pedía "condiciones un poco inaceptables".
Sin entrar en detalles, mencionó que el laboratorio habría solicitado sumar a la Ley de Vacunas ya sancionada en el Congreso otra normativa que la Casa Rosada no aceptó. Aunque el ministro intentó desligarse de toda responsabilidad respecto a los motivos por los que aún no se lubricó el acuerdo, en el Gobierno reconocen que la negociación tuvo grietas y errores y que además dejó expuesta a la Casa Rosada ya que la vacuna de Pfizer iba a ser, en teoría, la primera en llegar al país para comenzar con la aplicación del antídoto.
Aunque la información se maneja bajo estricta reserva, fuentes legislativas y de Casa Rosada señalan que el pedido extra de Pfizer pudo estar vinculados a nuevas cuestiones contractuales para evitar posibles juicios ante la hipotética aparición de efectos adversos o a una flamante ley a través de la que el Gobierno debía responsabilizarse por todo efecto adverso generado por vacunas que no hayan sido conservadas a - 70 ºC.
Este es un dato clave: las autoridades de Pfizer habrían realizado este pedido al advertir que la Argentina no cuenta con una estructura y logística adecuada para garantizar el correcto mantenimiento del antídoto, que de aplicarse luego de haber permanecido a una temperatura no adecuada, podría afectar la salud del paciente.
Para graficar esta situación, un funcionario del gobierno de Axel Kicillof que pide reserva reconoce en diálogo con este medio que la administración bonaerense apura los trámites para la adjudicación de freezers para la vacuna, pero que el proceso de entrega puede tardar más de lo esperado. En este sentido no está claro si todas las provincias están en condiciones de comenzar la vacunación de forma inmediata.
Este punto vinculado al frío de la vacuna sería el que Pfizer habría solicitado que sea firmado puntualmente por el presidente Alberto Fernández, tal como aseguró González García. Este pedido y el de una nueva normativa, fueron los que el funcionario catalogó de "un poco inaceptables". Un senador con llegada al mandatario entiende que en realidad el contrapunto se produjo a raíz de un pedido de la firma para evitar todo tipo de juicio. Desde el Gobierno respondieron que los detalles del pedido del laboratorio no pueden salir a la luz debido a cláusulas de confidencialidad.
"Ellos cambiaron las condiciones, recuerden que yo les dije que existía la posibilidad de tener una vacuna en diciembre, enero y febrero. Esa era la de Pfizer. Pero a rigor de la verdad, la negociación no está cerrada", continuó en la conferencia del martes 15 el titular de la cartera de Salud. Según contó, la primera semana de diciembre se le pidió a las autoridades del laboratorio que "revean estas circunstancias".
En la Casa Rosada entienden que González García cometió un error en la conferencia al mencionar estas cuestiones porque sus dichos solo sembraron más dudas. No brindó precisiones sobre los motivos por los que pidieron estos adicionales y pareció desligar a su ministerio de responsabilidad. Para intentar bajar tensiones, dijo que aún mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo. Pero lo cierto es que, al 16 de diciembre, aún no está claro cuándo llegarán las primeras dosis. No solo las de este laboratorio, sino de las que se producen en Rusia o la de Oxford y AstraZeneca.
El martes, el periodista Marcelo Bonelli adelantó que las 300 mil dosis de la vacuna de Pfizer que había prometido el ministro de Salud no llegarán en diciembre.
Las claves de la Ley de Vacunas
- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, a incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, conforme el procedimiento especial regulado por el artículo 2°, inciso 6, del decreto 260/20, su modificatorio y la decisión administrativa 1.721/20, cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición.
- En ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos.
- Artículo 3° - La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, de conformidad con lo establecido en el artículo 2°, no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes.
Mientras tanto, la comitiva encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti, de la que forman parte autoridades de la ANMAT, continúa en Moscú con el objetivo de visitar las plantas del Instituto Gamaleya, en donde se desarrolla el antídoto. El objetivo del Gobierno es inmunizar a 10 millones de personas entre enero y febrero con el antídoto ruso. (Fuente TN)
