Los abogados de Cristina Kirchner aseguraron haber encontrado una prueba que consideran relevante para cuestionar la condena dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad y avanzar con un pedido de revisión de su situación judicial.
"Fue mal condenada", afirmó Alberto Beraldi durante una conferencia de prensa realizada este martes, en la que presentó las novedades vinculadas con la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El eje de la nueva estrategia de la defensa es un informe económico-financiero que, según los abogados, demuestra que el empresario Lázaro Báez y las empresas vinculadas con el Grupo Austral tuvieron una participación considerablemente menor a la que, a criterio de la defensa, se habría considerado al momento de establecer la responsabilidad de la expresidenta.
El planteo parte de un dato central: de las 367 obras de Vialidad analizadas, solamente 17 estuvieron vinculadas al Grupo Austral.
Beraldi calificó el hallazgo como "monumental" y sostuvo que Cristina Kirchner fue juzgada como jefa de una supuesta asociación ilícita a partir, entre otros elementos, de la firma del decreto presidencial 54/2009, mientras que la información económica incorporada por la defensa mostraría una participación marginal del entorno de Báez sobre el total de los fondos destinados a la obra pública nacional durante el período analizado.
El origen de la base de datos
Según explicó Beraldi, la información utilizada para elaborar el nuevo informe surgió de una base de datos con el detalle de todos los proveedores de la obra pública durante esos años.
El archivo fue aportado bajo juramento por un testigo de la causa Cuadernos, investigación en la que se analiza la trama de corrupción vinculada con el kirchnerismo. A partir de esa documentación, el equipo de la expresidenta encargó una auditoría económico-financiera al economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda, junto con André Paiva Ramos y el contador Roberto Yassuo Shiroma, integrantes de la consultora Specs, con sede en San Pablo.
El informe pericial está fechado el 14 de septiembre en San Pablo y tomó como punto de partida la planilla denominada "Analítico 2008-2015 Xls", que forma parte del expediente 9608/2018, tramitado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7.
Los especialistas cruzaron la información de esa planilla con distintos registros:
- La nómina de empresas del Grupo Austral.
- El listado de obras incorporadas a la causa Vialidad.
- La evolución del tipo de cambio entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015.
Los números que presenta la auditoría
De acuerdo con el informe citado por la defensa, durante el período analizado la Fuente 14 del Presupuesto Nacional financió 367 obras, que fueron ejecutadas por 114 constructoras. En total, esas obras tuvieron 3.855 certificados pagados, por un monto acumulado de US$2.200 millones.
El cruce de información realizado por los peritos establece que solamente 17 de esas 367 obras estuvieron vinculadas con la causa Vialidad. Esto representa el 4,63% del total de las obras consideradas. Las 17 obras correspondieron a cuatro empresas relacionadas con el Grupo Austral:
- Austral Construcciones.
- Gotti.
- Kank y Costilla.
- Sucesión de Adelmo Biancalani.
A esas 17 obras se les pagaron 36 certificados, equivalentes al 0,93% del total de certificados considerados en el análisis. El monto abonado alcanzó los US$18,66 millones, cifra que representa, según el informe, apenas el 0,85% de todo lo desembolsado por la Fuente 14 durante el período analizado.
Para la defensa, estos porcentajes constituyen un elemento central para cuestionar el peso atribuido en la sentencia a la relación entre Cristina Kirchner y Báez.
La participación patrimonial
El estudio también presenta una evolución anual de la participación de las empresas vinculadas con el Grupo Austral dentro de los pagos analizados. Según los datos consignados en el informe, la participación alcanzó el 1,63% de los pagos en 2009 y aumentó hasta el 3,26% en 2010. Posteriormente se redujo de manera marcada: en 2011 representó el 0,18%, mientras que entre 2012 y 2015 fue del 0%.
La defensa utiliza esta evolución para reforzar su interpretación de que la participación de las empresas relacionadas con Báez habría sido marginal frente al volumen total de fondos destinados a la obra pública financiada mediante la Fuente 14.
El informe también elaboró un ranking de las 15 constructoras que concentraron el 75% del total financiado por esa fuente presupuestaria. Ninguna empresa del Grupo Austral aparece entre las principales beneficiarias.
El primer lugar corresponde a IECSA, con el 16,36% del monto total, equivalente a US$360 millones. Luego aparecen:
- JCR: 10,18%.
- Benito Roggio e Hijos: 9,55%.
- José Cartellone Construcciones Civiles: 9%.
- Rovella Carranza: 5,92%.
Estos datos forman parte de la evidencia económica que los abogados de Cristina Kirchner pretenden incorporar a su planteo ante el organismo de Naciones Unidas.
El objetivo de la presentación ante la ONU
Beraldi realizó la conferencia acompañado por los otros abogados de la expresidenta: el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. El objetivo es reforzar el reclamo presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra la condena dictada en la causa Vialidad, relacionada con hechos de corrupción en el ejercicio de la obra pública en Santa Cruz.
La defensa busca que se adopten medidas vinculadas con la situación actual de Cristina Kirchner, quien cumple en su departamento de Constitución una condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Entre las medidas solicitadas figuran:
- Suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- Revisar las condiciones de la prisión domiciliaria.
- Recomponer la integración de la Corte Suprema de la Nación.
Sobre este último punto, los abogados afirmaron que consideran "imposible" que el máximo tribunal funcione con tres miembros.
La estrategia
Durante la conferencia, los abogados explicaron que la nueva prueba económica será utilizada para intentar que se suspenda la ejecución de la pena, lo que, según su interpretación, implicaría la libertad de la expresidenta. Beraldi señaló que esperan una definición del Comité de Derechos Humanos de la ONU para octubre próximo. Después de esa eventual definición, la estrategia de la defensa contempla avanzar ante los tribunales locales para solicitar la revisión de la condena.
El abogado explicó: "Una vez que tengamos una definición del comité, será la instancia judicial en la cual mostraremos las características del proceso. Nuestro propósito es que la condena caiga y que Cristina reanude sus actividades políticas. Estamos en condiciones temporales de obtener estos objetivos".
La declaración fue realizada también en respuesta a una consulta sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda ser candidata en las elecciones de 2027.
El planteo sobre la revisión de la condena
Ante esa consulta, Beraldi sostuvo que la estrategia de la defensa contempla utilizar el recurso de revisión como mecanismo para intentar frenar la ejecución de la sentencia.
"Con la mera interposición del recurso de revisión se podría pedir el freno de la ejecución de la sentencia", afirmó.
Según explicó, un tribunal de justicia podría avanzar sobre el planteo formulado por la defensa y eventualmente suspender los efectos de la condena hasta el dictado de una sentencia de fondo.
La presentación ante la ONU, la nueva auditoría económico-financiera y el eventual recurso de revisión forman parte, de este modo, de una misma estrategia judicial destinada a cuestionar la condena de Cristina Kirchner y buscar una modificación de las condiciones que actualmente pesan sobre la expresidenta.
El argumento central presentado por sus abogados se apoya en los números surgidos del análisis de la Fuente 14: 367 obras financiadas, 114 constructoras, 3.855 certificados y US$2.200 millones desembolsados, frente a 17 obras vinculadas al Grupo Austral, 36 certificados y US$18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total.
Para la defensa, esa diferencia cuantitativa resulta determinante para cuestionar el lugar que ocupó la relación entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez en la condena. Con esa evidencia como nuevo elemento, los abogados buscan ahora que el reclamo prospere ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y, posteriormente, pueda abrirse una instancia de revisión en los tribunales locales.