La crisis del transporte público en Catamarca llegó esta semana a un punto límite. Por segundo día consecutivo, cuatro empresas mantienen paralizadas sus actividades en un lock out que dejó a buena parte de la población sin colectivos y obligó a miles de usuarios a recurrir a alternativas más costosas, como remises, taxis y UBER que circulan al máximo de su capacidad. Las calles, casi vacías y sin la circulación habitual de unidades, se convirtieron en la postal visible de un conflicto que ya se tensó al extremo.
La protesta empresaria se da en un contexto marcado por más de un año sin actualización tarifaria. Las compañías sostienen que el valor actual del boleto quedó completamente desfasado frente al incremento de costos operativos —principalmente el precio del combustible, los repuestos y las obligaciones salariales— y aseguran que seguir funcionando bajo estas condiciones económicas es "insostenible". En ese marco, reclamaron al Gobierno provincial una suba urgente del pasaje que permita restablecer la prestación del servicio.
Ante la magnitud del conflicto y la parálisis total del transporte urbano, el Ministerio de Transporte de Catamarca convocó de manera urgente a una reunión para intentar destrabar la situación. Según trascendió, la propuesta oficial incluiría un incremento tarifario que rondaría el 26%, aunque todavía no existe un acuerdo cerrado. La discusión se volvió más compleja porque tanto el Gobierno como las empresas reconocen que cualquier suba impactará directamente en el bolsillo de los usuarios, ya golpeados por la falta de alternativas para desplazarse.
Mientras tanto, el lock out mantiene a la provincia en un virtual estado de inmovilidad. En las zonas urbanas, los remises trabajan al límite de su capacidad para absorber la demanda repentina. Muchos pasajeros denuncian esperas prolongadas, tarifas más elevadas y dificultades para llegar a sus lugares de trabajo, estudiar o realizar trámites esenciales. Comerciantes y trabajadores informales también advierten una caída en la actividad debido a la menor circulación en las calles.
El diálogo entre las partes, lejos de destrabarse, atraviesa un momento delicado. Las empresas insisten en que no retomarán el servicio hasta que haya una definición concreta sobre la suba del boleto y una revisión del esquema de subsidios. El Gobierno provincial, por su parte, intenta equilibrar el reclamo empresario con el impacto social que generaría un aumento tarifario significativo.
La situación dejó expuestas las fragilidades estructurales del sistema de transporte catamarqueño, un esquema que hace tiempo funciona al borde del colapso y que, según especialistas, requiere una planificación de largo plazo más allá de las urgencias coyunturales. Por ahora, la prioridad oficial es lograr que las unidades vuelvan a circular y restablecer, aunque sea de manera parcial, el servicio básico para la ciudadanía.
Con el conflicto estancado y sin una solución inmediata a la vista, los usuarios continúan siendo los principales perjudicados. La incertidumbre domina el panorama: no hay una fecha concreta para que los colectivos vuelvan a las calles y la negociación promete extenderse al menos hasta que Gobierno y empresas definan un marco tarifario que permita retomar la actividad.