El conflicto que mantuvo en vilo a miles de catamarqueños del transporte público ha llegado a su fin con la confirmación de un nuevo ajuste en la tarifa. El Ministro de Transporte, Eduardo Andrada, anunció oficialmente este martes tras la reunión con los empresarios que el boleto de colectivo escalará hasta los $1.250, un valor que surge tras una intensa jornada de negociaciones con las principales cámaras empresariales del sector. Este incremento, que representa una suba del 31.5% respecto al valor actual de $950, busca descomprimir la presión financiera de las operadoras y asegurar la continuidad del servicio.
El titular de la cartera de Transporte precisó que la nueva tarifa no tendrá una aplicación inmediata. La entrada en vigencia se concretará en un plazo de aproximadamente tres semanas, un tiempo necesario para completar y cumplimentar los trámites administrativos y las resoluciones a nivel nacional que deben respaldar el cambio tarifario.
El anuncio se produce en un contexto de profunda preocupación para los usuarios, quienes han soportado dos días de circulación casi nula por el Lock out de las patronales, una medida de fuerza de facto adoptada por las empresas ante la falta de actualización de costos y la demora en la acreditación de subsidios. A raíz de la confirmación del nuevo precio, el Ministro Andrada aseguró que se espera que el servicio retorne a la normalidad plena en las próximas horas, devolviendo la previsibilidad a la movilidad urbana e interurbana.
El "esfuerzo fiscal" de la Provincia
En conferencia de prensa, Andrada hizo hincapié en el rol del Estado para evitar un impacto tarifario mayor sobre el bolsillo de los ciudadanos. "El Gobierno hizo un gran esfuerzo para subsidiar el aumento", declaró el funcionario, señalando que sin esta intervención fiscal, el precio final del boleto habría superado con creces el monto de $1.250. Vale indicar que los empresarios habían propuesto como valor mínimo los $1.400.
La declaración subraya la difícil ecuación que enfrenta el sector: el aumento constante de los costos operativos, con el precio del combustible como factor principal, y la incapacidad de trasladar la totalidad de esos incrementos a la tarifa sin generar un quiebre social. La diferencia entre el costo real del pasaje y lo que finalmente pagará el usuario continuará siendo cubierta, en gran parte, con fondos públicos, lo que mantiene viva la discusión sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema de transporte.
La negociación incluyó el compromiso de las empresas para restablecer inmediatamente las frecuencias habituales, dando por superado el conflicto operativo que paralizó parcialmente el transporte durante los últimos días.
Mecanismo de actualización
Mirando hacia el futuro, el titular de la cartera de Transporte fue consultado sobre la posibilidad de nuevos ajustes en el corto o mediano plazo. En este sentido, adelantó que el Gobierno planifica establecer un mecanismo de actualización periódica para las tarifas.
El esquema propuesto contempla la aplicación de incrementos cada seis meses, una frecuencia que buscaría evitar la acumulación de desfases de costos que terminan obligando a aplicar saltos tarifarios abruptos y conflictivos como el actual. Sin embargo, este mecanismo de revisión no será rígido, sino que estará íntimamente ligado a variables macroeconómicas críticas y propias del sector.
Específicamente, el Ministro citó el precio del combustible y la evolución de otros costos operativos del sistema (como los salarios y el mantenimiento de las unidades) como los principales indicadores que activarán o modularán los futuros aumentos semestrales. Esta medida busca dotar de mayor previsibilidad al sector empresarial y reducir la necesidad de negociaciones de emergencia, aunque introduce la expectativa de que el precio del boleto se mantenga en una dinámica de ajuste continuo, reflejando la persistente inflación en los costos de la economía.
La confirmación del boleto a $1.250, aunque representa una carga adicional para el usuario, se presenta como la vía de escape inmediata para destrabar el conflicto del transporte y garantizar la movilidad esencial en la ciudad, a la espera de que el nuevo mecanismo de actualización semestral logre estabilizar la compleja relación entre tarifas, subsidios y costos operativos. La ciudadanía, por su parte, estará atenta a que el compromiso de normalización del servicio se cumpla a la brevedad.