La medida fue comunicada mediante una notificación administrativa en la que se señala que el cargo que ejercía el docente no fue contemplado dentro de la nueva estructura, indicando que se cumplía con órdenes emanadas de la superioridad y que el docente debía presentarse en la sede de la institución para completar los trámites administrativos correspondientes.

Este último punto fue duramente cuestionado ya que la comunicación no precisaría de manera concreta cual es la autoridad superior de la que emana la decisión, planteo que motivó la reiteración del pedido de una revisión de la medida. Del mismo modo, se argumentó que la reestructuración debería de haber tenido en cuenta el equivalente del cargo del docente.

La reestructuración que modificó los cargos de conducción

La situación se encuentra vinculada con el proceso de reorganización de la estructura institucional y con la aprobación de una nueva Planta Orgánica Funcional mediante el Decreto N.º 259/2026.

De acuerdo con la documentación relacionada con el caso, el cargo que ocupaba el docente no fue incluido en la nueva estructura. La medida también se relaciona con el proceso de cobertura formal del cargo de conducción previsto en la nueva organización.

El caso generó además un reclamo de integrantes de la comunidad educativa. Según informó El Diario de Catamarca el 30 de julio, docentes y miembros de la comunidad de la institución habían expresado su rechazo a la decisión mediante una carta abierta dirigida a las autoridades del Ministerio de Educación, Trabajo y Recursos Humanos.

En esa presentación se destacó la trayectoria del docente dentro de la institución y se cuestionó que una reestructuración de la POF pudiera derivar en la pérdida de un cargo de conducción.

"Expresamos nuestra absoluta solidaridad con el Prof. Luis Eugenio Contreras ante esta injusta situación", señalaron los firmantes de la carta, según la publicación de El Diario de Catamarca.

Los docentes también reclamaron que las autoridades educativas revisaran la medida y advirtieron sobre el impacto que, a su criterio, tendría sobre la continuidad del proyecto institucional.

Restricciones y tensiones

La situación se conoce además en un contexto de mayores restricciones sobre la comunicación pública de las instituciones educativas.

El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca estableció pautas específicas para la comunicación institucional. Entre ellas, la Circular N.º 04/2026 establece que directivos y docentes no deben informar, anticipar ni interpretar públicamente determinadas medidas antes de que exista una disposición oficial.

La normativa también fija procedimientos para comunicar decisiones vinculadas con la presencialidad y establece que determinadas modificaciones deben contar previamente con la autorización de la superioridad.

Por ese motivo, se preservan los datos que permitan identificar al docente, la institución educativa y cualquier otra circunstancia que pueda exponer a las personas involucradas, sin dejar de informar sobre la existencia de la medida administrativa y los cuestionamientos que generó.

El criterio restrictivo del Ministerio ya había sido cuestionado públicamente por la diputada provincial Natalia Herrera, del bloque Generar, quien señaló que las disposiciones dificultan el ingreso de legisladores a las escuelas para realizar tareas de control y reclamó explicaciones a las autoridades educativas.