La jornada de pago de haberes abrió un nuevo frente de conflicto con los docentes autoconvocados, que denunciaron la aplicación de descuentos arbitrarios, irregulares y autoritarios sobre los salarios de quienes participaron de la medida de fuerza.
Según expresaron en su pronunciamiento, la decisión oficial fue interpretada como una política de disciplinamiento, orientada a desalentar la organización colectiva y debilitar el reclamo del sector. Desde la docencia sostienen que, en lugar de habilitar instancias de diálogo, se avanzó con quitas salariales que impactaron de manera directa en los ingresos del personal educativo que ejerció su legítimo derecho a huelga.
Descuentos desmedidos
Los reportes relevados por el sector fueron definidos como "contundentes". De acuerdo con la información aportada, se registraron descuentos desmedidos, en numerosos casos superiores al equivalente de un día de paro.
La situación habría afectado con mayor intensidad a docentes del Nivel secundario, en particular en áreas especiales y docentes del interior provincial. En estos segmentos, los autoconvocados denunciaron la aplicación de quitas calificadas como irracionales, que incluso se mantuvieron pese a que —según señalaron— ya se habían advertido errores previos en la liquidación.
El interior provincial aparece dentro del reclamo como uno de los sectores más perjudicados, donde describen descuentos "particularmente brutales" con impacto directo sobre la economía familiar de los trabajadores de la educación.
Apercibimientos y perjuicio en legajos
El conflicto no se limita al aspecto salarial. Los docentes también señalaron un elemento que consideran aún más grave: la imputación de faltas injustificadas.
Según el planteo, estas faltas derivan en apercibimientos, perjuicios sobre los legajos, afectación del concepto profesional y por último, consecuencias sobre la carrera docente. Para los autoconvocados, esta situación constituye una sanción encubierta por el ejercicio de un derecho constitucional, al vincular el paro con consecuencias administrativas que podrían proyectarse en el desarrollo profesional de cada trabajador.
Incluso advirtieron que en algunos establecimientos privados estos apercibimientos ya comenzaron a implementarse, profundizando la preocupación dentro del sector.
Cuestionamientos a la conciliación obligatoria
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento está vinculado con el uso del argumento de la conciliación obligatoria de alcance local. Desde la docencia sostienen que resulta inaceptable que bajo ese encuadre se desconozca que la medida de fuerza integró una acción colectiva más amplia, la cual consideran plenamente amparada por el derecho a huelga.
En esa lectura, la decisión oficial es interpretada como una estrategia destinada a disciplinar al sector, generar temor, además de restringir la organización y limitar el derecho a la protesta.
Críticas a la dirigencia sindical
Dentro del documento, como es costumbbre, los Docentes autoconvocados también cuestionaron el papel de la burocracia sindical, a la que acusan de haberse sumado a la campaña de disciplinamiento impulsada por el gobierno.
El señalamiento amplía el conflicto más allá de la relación directa con las autoridades, incorporando tensiones con las estructuras gremiales tradicionales. Y en este sentido, en el cierre del pronunciamiento se dejó en claro la posición del sector: "La docencia no puede ser castigada por luchar".
Desde esa premisa, los autoconvocados sostienen que la salida frente a este escenario será la unidad y la movilización, herramientas que consideran indispensables para revertir lo que definen como un atropello contra la docencia.
