El Gobierno modificó uno de los requisitos para los profesionales de la salud que trabajen en centros que dependan del Ministerio de Salud de la Nación y otros organismos o instituciones estatales o de gestión pública a nivel central. A partir de la publicación de la Resolución 1641/2025 en el Boletín Oficial, la matrícula nacional ya es requisito suficiente para el ejercicio profesional en esos lugares de trabajo, en todo el territorio argentino.
"La sola posesión de una matrícula nacional será requisito suficiente para que los profesionales de la salud que se desempeñen en organismos o instituciones del Estado nacional puedan trabajar en esos ámbitos -dijo-. Esta medida tiene por objetivo eliminar la necesidad de trámites adicionales, como, por ejemplo, matrículas provinciales por las que, a su vez, se retiene un porcentaje de los haberes de los profesionales. Los colegios provinciales son los que tienen la potestad de habilitar la matrícula y, con eso, dar el aval para trabajar en la jurisdicción", indicó al respecto el vocero Manuel Adorni.
La medida de impacto nacional no es bien recibida por los colegios profesionales, y por caso, en Catamarca es el Colegio Médico el primero en pronunciarse al respecto. Mediante comunicado fueron contundentes al indicar que esta decisión de la cartera sanitaria nacional genera en los profesionales locales "preocupación y disconformidad". Acotaron que comparten la idea de simplificar trámites y reducir cargas administrativas para los profesionales, pero marcaron que esta medida "presenta múltiples deficiencias legales, técnicas y operativas que ameritan una profunda reflexión".
Al fundamentar la postura, el Colegio Médico sostiene que la medida "supone una clara vulneración del principio de autonomía provincial, ya que las provincias tienen la potestad constitucional de regular el ejercicio de las profesiones en su jurisdicción. Las leyes de colegiación vigentes en muchas provincias —como el caso de Buenos Aires, donde el Colegio y la Caja Profesional tienen rango constitucional— establecen un marco legal que esta resolución nacional no puede suprimir ni ignorar. Por otro lado, la medida desarticula el rol de los colegios y consejos profesionales, instituciones legalmente reconocidas, sin fines de lucro, que cumplen funciones esenciales en la regulación ética y técnica del ejercicio profesional: matrícula, control disciplinario, exigencia de educación continua y protección del interés público".
Según esta mirada de los colegiados catamarqueños, lo hecho por Nación debilita el sistema de autorregulación. Y en este sentido, refirieron luego que "esta reforma no contempla que la regulación profesional requiere de dos componentes básicos: por un lado, la regulación externa del Estado (como normas y estándares generales) y, por otro, la autorregulación profesional, ejercida por los propios colegios a través de códigos de ética, reglamentos internos y tribunales de disciplina. Sustituir o subordinar este equilibrio perjudica la calidad, transparencia y responsabilidad del ejercicio profesional".
Luego y tras marcar que lo dispuesto en términos prácticos, solo aplicaría a hospitales e instituciones públicas nacionales, descentralizadas o autárquicas, sin importar su ubicación geográfica, estas representan una porción menor del sistema de salud nacional, y por lo tanto, la resolución estaría dirigida únicamente a profesionales que se desempeñen con exclusividad en dichas instituciones.
En cuanto al sistema de datos que sustentaría esta matrícula única, el Colegio se pregunta que va a pasar con el REFEPS, SISA, RUPS. "¿Cómo se garantizan las actualizaciones, bajas, o sanciones si los colegios ya no son parte del circuito?. Pretender que los profesionales autodeclaren modificaciones sin un órgano fiscalizador pone en riesgo la seguridad jurídica y sanitaria de la sociedad", añaden.
Aquí el mayor cuestionamiento, dado que en función de las experiencias en la provincia, solo con el control de los colegios profesionales, es que se logra que la comunidad esté advertida debidamente sobre quienes ejercen una profesión y la cobertura de sus matriculas y la validez de las mismas.
Ahora y ante el planteo general, el Colegio se mostró a favor de generar una instancia de diálogo con las autoridades nacionales, a los fines de lograr la inclusión de estas instituciones, consejos y demás autoridades provinciales en un debate más abarcativo.
"La experiencia demuestra que solo mediante la intervención activa de los colegios profesionales se logra un control efectivo, tanto en la calificación técnica como en la actuación ética y responsable del profesional", sentenciaron en el final.