La estructura técnica que garantiza la transparencia y exactitud de las mediciones en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes tras la publicación de la Resolución 213 en el Boletín Oficial el último día hábil de 2025. Mediante esta normativa, la gestión del presidente Javier Milei ordenó el cierre definitivo de la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Esta medida, cuya ejecución está prevista para el próximo 31 de enero, representa la desaparición de un área estratégica dedicada a la protección de los derechos de los usuarios y consumidores en todo el territorio nacional.
La decisión gubernamental conlleva un impacto humano y profesional directo, ya que más de 150 técnicos y profesionales especializados en la verificación y certificación de instrumentos de medición en todo el país quedarían sin sus puestos de trabajo. Ante la gravedad de la situación, los empleados del organismo convocaron a una manifestación de rechazo que se inició a las 10:00 h en el edificio central ubicado en General Paz 5445. Durante la jornada, se realizó un abrazo simbólico a la sede en repudio al desmantelamiento de la capacidad técnica estatal, una acción que busca visibilizar la pérdida de un ente público de referencia indispensable para la ciudadanía según los datos obtenidos por la Agencia Noticias Argentinas.
Un escenario de incertidumbre en los controles públicos
Más allá del conflicto laboral, los trabajadores han emitido una advertencia urgente a la población sobre la inminente falta de "rigurosidad de controles" que afectará de manera transversal a diversos productos y servicios esenciales. Al quedar inoperativa esta dirección, el Estado pierde la facultad de fiscalizar con precisión instrumentos críticos de la vida cotidiana. Esta ausencia de controles recaerá directamente sobre los surtidores de combustible en las estaciones de servicio y las balanzas utilizadas tanto en pequeños comercios como en grandes terminales portuarias, eliminando la garantía de que el peso y la medida por la que paga el consumidor sean los correctos.
Asimismo, la desarticulación del área impactará severamente en la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito, ya que el INTI era el encargado de verificar los radares utilizados para sancionar excesos de velocidad y los etilómetros con los que se detecta la concentración de alcohol en sangre. Sin la intervención de estos profesionales, los usuarios perderán la posibilidad de acudir a un organismo público para validar multas o certificar la calidad de servicios técnicos, quedando en una situación de vulnerabilidad ante la falta de una entidad neutral que asegure la equidad en las mediciones oficiales de todo el país.
