Mientras se cumple la segunda jornada del paro de colectivos anunciado por la UTA, una medida que registra un alto nivel de acatamiento, con muy pocas excepciones, a la voz de los usuarios manifestando su mal humor y la duda de parte de los choferes sobre habra pago de los salarios, son los empresarios los que salieron a marcar su postura.
La falta de unidades en circulación impidió que numerosas personas pudieran desarrollar su actividad diaria de manera normal, afectando traslados laborales, escolares, académicos y otras obligaciones cotidianas. En este escenario, las empresas de transporte decidieron hacer pública su posición mediante un comunicado en el que describen una situación financiera crítica y advierten que el sistema se acerca a un punto límite.
La definición empresarial fue contundente: "Actualmente, nuestras empresas ya no pueden afrontar el pago de salarios ni el mantenimiento básico de las unidades", y agregaron que esto "está provocando y provocará la reducción y en breve, indefectiblemente la paralización del servicio".
Frente a este panorama, exhortaron a las autoridades a una "intervención urgente en defensa de nuestros usuarios".
La deuda nacional por los atributos sociales SUBE
Uno de los principales puntos expuestos por las compañías es la deuda del Estado Nacional vinculada a los Atributos Sociales de SUBE correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026. Según explicaron, esos fondos forman parte de los recursos genuinos de las empresas, ya que compensan una parte sustancial del costo real del pasaje.
El esquema detallado por el sector indica que el Gobierno nacional cubre el 55% del precio del boleto y que el usuario beneficiario del atributo asume el 45%. La ausencia de esos desembolsos impacta de manera directa en la estructura financiera del sistema, ya que se trata de dinero previsto para cubrir costos ya asumidos por las prestatarias.
Atrasos provinciales y pérdida por cada boleto
A la deuda nacional se suma el atraso en las compensaciones provinciales. Las empresas señalaron que el Estado Provincial recién el 8/4/26 abonó el subsidio correspondiente a febrero, mientras que aún adeuda los fondos de marzo y abril de 2026. Subrayaron además que el problema no es solo la mora, sino la insuficiencia del monto transferido frente al costo real del servicio.
Los números difundidos son precisos:
- Costo real actual del boleto: $ 2.800
- Aporte del Estado provincial: $ 498 (17,7 %)
- Pago del usuario: $ 1.250 (44 %)
- Pérdida empresaria por pasaje: 40 % del valor real
Este desfase, remarcan, se produce porque la tarifa es fijada por el propio Estado Provincial, pero se ubica muy por debajo del valor necesario para sostener la prestación.
Subsidios congelados, inflación y suba del combustible
Otro punto crítico señalado en el comunicado es que las compensaciones provinciales permanecen calculadas sobre valores fijados en octubre de 2025, sin actualización mensual. Esto implica que no contemplan la inflación acumulada, el aumento del combustible y las subas salariales acordadas en paritarias de noviembre de 2025. En paralelo, las empresas remarcaron el fuerte incremento del gasoil.
Indicaron también que el combustible registró una suba del 30 %, con un impacto "directo y fulminante" sobre la capacidad operativa, y advirtieron que esos aumentos todavía no se reflejan en ningún precio del pasaje.
Gratuidades sin financiamiento y pérdida de pasajeros
Las prestatarias también apuntaron a las gratuidades y beneficios locales, que representan aproximadamente el 25 % del total de pasajeros mensuales. Si bien reconocen que se trata de derechos importantes exigidos por provincias y municipios, sostienen que hoy no cuentan con el financiamiento necesario para sostenerse, lo que profundiza el desfinanciamiento cuando las compensaciones no llegan en término.
A este cuadro se suma un fenómeno que consideran decisivo: la caída en la cantidad de pasajeros y el crecimiento del transporte irregular. Según el comunicado, en el último año el sistema perdió el 30 % de sus usuarios.
El sistema al borde de la paralización
La suma de deudas nacionales, atrasos provinciales, subsidios insuficientes, aumento del combustible, gratuidades sin respaldo y caída de pasajeros configura, según las empresas, un escenario de extrema gravedad. El mensaje difundido en pleno segundo día de paro busca instalar una advertencia clara: la continuidad del servicio está comprometida.
Mientras la UTA sostiene la medida de fuerza y los usuarios siguen padeciendo la falta de colectivos, las empresas afirman que la crisis financiera ya impacta sobre el pago de salarios, el mantenimiento de las unidades y la propia viabilidad del sistema, con una advertencia final que resume la magnitud del conflicto: la paralización total del servicio aparece como una posibilidad inminente si no hay una respuesta urgente de las autoridades.
