El conflicto universitario suma un nuevo capítulo de tensión. Las federaciones Conadu y Conadu Histórica, que agrupan a la mayoría de los docentes universitarios del país, anunciaron un paro nacional de 72 horas que se desarrollará entre el miércoles 12 y el viernes 14 de noviembre, en reclamo de la reapertura de paritarias y la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida afectará el funcionamiento de todas las universidades nacionales y llega en un contexto de fuerte malestar en el sector, tras meses de deterioro salarial y falta de respuestas oficiales. Los gremios advirtieron además que, si no hay avances concretos en las negociaciones con el Gobierno, el ciclo lectivo 2026 podría no comenzar.
Reclamos por salarios y financiamiento
Desde las organizaciones sindicales denuncian que las paritarias están congeladas desde diciembre de 2023, lo que profundizó la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes frente a la inflación.
El reclamo también se enfoca en la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, una norma aprobada por amplia mayoría en el Congreso pero vetada por el presidente Javier Milei. Aunque el veto fue posteriormente rechazado por el Parlamento, el Poder Ejecutivo promulgó la ley de forma parcial, suspendiendo su aplicación bajo el argumento de que el Congreso debe definir las fuentes de financiamiento.
Esta decisión derivó en un fuerte conflicto institucional. La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó una acción judicial para cuestionar la constitucionalidad del decreto presidencial, al considerar que "promulgar formalmente pero suspender materialmente una ley altera el sistema republicano de frenos y contrapesos y quebranta la voluntad soberana del Congreso", según expresó en un comunicado oficial.
Un paro con consenso federal
En un plenario nacional, la Conadu resolvió la medida de fuerza por amplia mayoría, tras una consulta a sus bases en todo el país. "El acuerdo fue total en avanzar con un paro federal y en advertir que no habrá inicio del ciclo lectivo 2026 si no se cumple la ley y no se reabren las paritarias", informó la federación.
Por su parte, la Conadu Histórica ya había aprobado el 30 de octubre una huelga de tres días "en defensa de la universidad pública y de los salarios", con la participación de 84 delegados de asociaciones de base. La organización insistió en la necesidad de una convocatoria inmediata a paritarias y la "plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema".
Posiciones divididas en el frente universitario
El Frente Sindical Universitario, que reúne a diversas agrupaciones docentes, no logró consensuar una postura unificada frente a la crisis. Mientras algunos gremios impulsan medidas de fuerza, otros optan por mantener canales de diálogo con el Poder Ejecutivo.
Entre los primeros se encuentra la FAGDUT, que representa a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Su secretario general, Ricardo Mozzi, declaró el estado de alerta y adelantó que se enviará una carta documento al Gobierno exigiendo la apertura de paritarias en un plazo máximo de 48 horas. Además, anticipó posibles clases públicas y jornadas de visibilización ante la preocupación por los intentos de reforma laboral impulsados por el oficialismo.
En cambio, gremios como la FATUN y la FEDUN todavía no confirmaron su adhesión al paro, mientras que la Unión de Docentes Argentinos (UDA), alineada con la CGT, mantiene una estrategia de diálogo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, responsable del área educativa.
Incertidumbre sobre el futuro académico
La falta de acuerdos y el avance de las medidas de fuerza vuelven a poner en el centro del debate el futuro del sistema universitario público argentino, en un escenario de ajuste presupuestario, pérdida salarial y creciente incertidumbre institucional.
Si el Gobierno no ofrece respuestas concretas, los sindicatos ya anticipan un inicio de clases 2026 en riesgo, lo que abriría un nuevo frente de conflicto en el ámbito educativo. "Defender la universidad pública es defender el futuro del país", resumió un delegado de Conadu Histórica al anunciar la medida.
