La crisis ambiental en la cordillera chubutense no da tregua. Lo que comenzó como un foco ígneo se ha transformado en una catástrofe de dimensiones alarmantes que mantiene al personal de emergencia en un estado de vigilancia extrema. A pesar de que la madrugada de hoy trajo consigo las primeras precipitaciones en puntos críticos, como las inmediaciones del Parque Nacional Los Alerces, el alivio es, por ahora, apenas un respiro momentáneo. El fuego continúa avanzando de forma implacable sobre el bosque nativo, devorando un ecosistema invaluable mientras la presión política y judicial crece al ritmo de unas llamas que parecen no conocer límites.
Desde las primeras horas de hoy, se han registrado lluvias en diversos sectores de la región cordillerana. Según informaron las autoridades locales, se trata de una precipitación débil pero constante que ayuda a bajar la temperatura del suelo y permite a los brigadistas trabajar con una mayor cuota de seguridad en el control de los denominados puntos calientes. Sin embargo, este volumen de agua no ha sido suficiente para extinguir los focos principales que devastan la zona. La magnitud del desastre actual se explica por un contexto ambiental extremo, marcado por la sequía acumulada más severa de las últimas décadas y vientos intensos con ráfagas que han superado los 50 km/h en los últimos días, impulsando el fuego de manera errática y veloz.
Aunque el pronóstico del tiempo abre una pequeña ventana de esperanza con expectativas de lluvias para todo el fin de semana, los especialistas en manejo del fuego advierten que para detener un incendio de esta envergadura se requieren precipitaciones mucho más intensas y prolongadas. El suelo, tras años de déficit hídrico, absorbe la humedad superficial sin lograr mitigar la combustión profunda, especialmente en un escenario donde las llamas han llegado a superar los 50 metros de altura en diversos frentes de combate.
Brigadistas al límite y el arribo de refuerzos nacionales
El factor humano es otro de los puntos más críticos de esta emergencia que ya traspasa las fronteras provinciales. Desde la Federación Chubutense de Bomberos han confesado abiertamente que los efectivos se encuentran al límite de sus capacidades físicas y mentales, con personal que acumula más de 20 días de trabajo ininterrumpido en la línea de fuego. Para sostener el operativo de combate y evitar el colapso de las cuadrillas locales, se ha activado una red de logística nacional que incluye el arribo de contingentes de brigadistas provenientes de las provincias de San Luis, Tucumán, Catamarca y Salta, quienes han llegado a la zona de Esquel para relevar a quienes están exhaustos tras semanas de lucha.
Actualmente, la mayor preocupación de los mandos operativos se concentra en las zonas cercanas a Cholila y Trevelin, que se encuentran bajo una vigilancia especial. En Cholila, el Concejo Deliberante ya ha ratificado formalmente el estado de catástrofe y emergencia ígnea, una medida administrativa que busca agilizar la llegada de recursos. Por su parte, en la zona de Villa Lago Rivadavia se han debido realizar evacuaciones preventivas ante la cercanía extrema de las llamas, que amenazan no solo la biodiversidad sino también los asentamientos poblacionales y la infraestructura de la región.
Mientras las llamas avanzan, el conflicto se traslada con igual intensidad a los despachos oficiales y al ámbito legislativo. El bloque de gobernadores del sur del país, liderado por Ignacio Torres junto a sus pares de la Patagonia, ha elevado un reclamo contundente al Gobierno Nacional. La exigencia central es el tratamiento urgente de la Ley de Emergencia Ígnea en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Los mandatarios regionales advierten que la magnitud del desastre, que ya afecta a unas 230.000 hectáreas en toda la región patagónica, requiere herramientas legales excepcionales y fondos específicos que hoy no están disponibles para afrontar los costos operativos del combate.
Paralelamente al esfuerzo en el terreno, la Justicia ha comenzado a mover sus piezas para determinar las causas y responsabilidades de este escenario devastador. En Chubut avanza una investigación judicial liderada por el fiscal federal Santiago Roldán, quien encabeza una causa que busca determinar si existió responsabilidad penal de funcionarios en el manejo inicial del fuego. Esta investigación intenta dar respuesta a una sociedad que observa con impotencia cómo miles de hectáreas desaparecen bajo las cenizas, en un contexto donde la celeridad de las decisiones iniciales resulta clave para evitar que el desastre escale a los niveles críticos que se registran en la actualidad.
