La Argentina ha cerrado el año 2025 con una cifra que enciende todas las alarmas en el sector productivo y asegurador. Según datos procesados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el sistema alcanzó un récord absoluto de litigiosidad con la iniciación de 134.141 demandas, el volumen más alto desde que existen registros oficiales en el país. Este fenómeno se produce en un contexto paradójico: mientras la cantidad de accidentes y muertes en el ámbito laboral desciende drásticamente gracias a las mejoras en prevención, la judicialidad experimenta una aceleración sin precedentes, habiendo crecido un 200% desde 2020.
El dato más revelador de esta crisis es la fuerte contradicción entre la realidad operativa de las empresas y el comportamiento de los tribunales. Desde la implementación del sistema de Riesgos del Trabajo, se estima que se han salvado 19.000 vidas y se evitaron 4,7 millones de accidentes, brindando una cobertura integral y oportuna a la masa de trabajadores registrados.
Sin embargo, los indicadores de litigiosidad parecen ignorar estos avances en seguridad e higiene. Las estadísticas oficiales reflejan una caída del 55% en los accidentes laborales y una reducción del 80% en las muertes, pero la cantidad de demandas no solo no acompañó esa tendencia, sino que se aceleró de forma drástica. Esta brecha expone que el sistema, creado originalmente para prevenir siniestros y ofrecer respuestas rápidas y de calidad, hoy se encuentra desbordado por una escalada judicial que no guarda relación con la mejora en los indicadores de prevención.
Al analizar el escenario local frente a otras legislaciones similares, la Argentina se posiciona como una anomalía estadística. Aunque el país posee niveles de cobertura superiores a los de naciones como Chile y España, e índices de siniestralidad comparables, la frecuencia de demandas es abismalmente superior. Para dimensionar la gravedad del fenómeno, la UART presentó una comparativa técnica basada en la tasa de demandas por cada 10.000 trabajadores:
- España: 8,5 demandas.
- Chile: 5,8 demandas.
- Argentina: 132,8 demandas.
Esto significa que, en términos proporcionales, en Argentina se presentan 23 veces más demandas que en España y 16 veces más que en Chile. Según la UART, lo que debería ser una vía excepcional de resolución de conflictos se ha transformado en un comportamiento estructural, alimentado no solo por los riesgos del trabajo, sino por un cúmulo de juicios por despidos y diferencias salariales.
El stock acumulado y el factor de los peritajes
La presión sobre el sistema no solo se manifiesta en los nuevos ingresos, sino en la acumulación de causas pendientes. El stock de juicios laborales por Riesgos del Trabajo alcanzó en septiembre la preocupante cifra de 317.848 causas, un número que persiste a pesar de que las ART lograron cerrar exitosamente unas 70.000 demandas en el mismo periodo. Además, se quebró la estacionalidad habitual: en diciembre ingresaron más juicios que en noviembre, algo que no ocurría desde hace casi una década.
Desde la UART identifican un factor determinante en esta crisis: el incumplimiento del Poder Judicial respecto a la Ley 27.348. Ante la ausencia de los Cuerpos Médicos Forenses previstos por ley, la justicia recurre a peritos externos que realizan evaluaciones de incapacidades que se apartan de los dictámenes de las Comisiones Médicas oficiales. A este esquema se le suma un incentivo económico distorsivo:
- Honorarios periciales: Se calculan como un porcentaje del monto de la sentencia, lo que favorece el sobredimensionamiento de las incapacidades.
- Costos de intermediación: Se estima que el 45% del gasto judicial queda en manos de la intermediación (abogados, peritos y el sistema judicial).
La advertencia del sector es tajante: corregir estas distorsiones es vital para sostener un sistema que hoy se ve desbordado por una judicialidad que no refleja la realidad de la prevención ni se ajusta a los parámetros internacionales.