El movimiento feminista Ramonas, que ha acompañado en múltiples ocasiones a víctimas de abuso sexual, emitieron un comunicado en el que repudian el veto de la ley que impulsaba la modificación en la Ley orgánica municipal para que intendentes y concejales condenados sean apartados de sus cargos. 

Aseguran que se trata de "una afrenta contra las sobrevivientes de delitos contra la integridad sexual que buscaron justicia en los últimos tiempos junto a organizaciones feministas".

Si bien, consideran que el caso de Enrique Aybar, el ex intendente de Puerta de Corral Quemado condenado por abuso sexual en agosto del año pasado, fue fundamental para obtener una ley que supla el vacío legal existente, insisten que "la ley venia a reparar acciones hacia ellas, pero lamentablemente el andamiaje del paradigma patriarcal hizo que lo que parecía un avance en materia de derechos, tuviera un gran retroceso".

Además, afirmaron que una decisión como esta hace los actos de los funcionarios políticos pierdan legitimidad, ya que no se puede exigirle a la sociedad si sobre ellos pesan denuncia, e incluso, condenas.

Por último, plantearon que "es menester que exijamos al Estado tener personas probas, idóneas y sin condenas en la justicia como representantes en los gobiernos provincial y municipal, como así también representantes en las Cámaras de Diputados, Senadores y concejales en general".