Tras la aprobación parlamentaria del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió acelerar su implementación práctica y habilitar desde este lunes el depósito de los denominados "dólares del colchón" en el Banco Nación Argentina (BNA), aun cuando la norma todavía no fue promulgada ni reglamentada formalmente.
La medida busca avanzar, al menos en el ámbito del banco público, con uno de los objetivos centrales del Gobierno: incentivar a los contribuyentes a ingresar al sistema financiero los ahorros en moneda extranjera que permanecen fuera del circuito formal, en un contexto de fuerte tensión con las entidades bancarias privadas por los requisitos que estas exigen para aceptar depósitos.
"A partir de mañana, te esperamos en todas nuestras sucursales para atender y recibir tus ahorros con la seguridad y respaldo del Banco Nación Argentina (BNA), en el marco de la nueva ley de Inocencia Fiscal", comunicó oficialmente la entidad a través de la red social X, anticipando la operatoria que comenzará a regir desde las 8 de la mañana en muchas de sus sucursales del país.
Según pudo reconstruir Infobae, el domingo el Banco Nación —presidido por Darío Wasserman— envió una circular interna a todas sus filiales para instruir sobre la recepción de depósitos en dólares. El anuncio se produjo pese a que la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada el viernes en el Senado, aún no fue promulgada y su reglamentación, que se esperaba para este lunes en el Boletín Oficial, finalmente no se publicó.
El trasfondo económico de la medida es contundente. De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al cierre del tercer trimestre de 2025 había USD 253.919 millones fuera del sistema financiero. Esa cifra implicó un incremento de USD 4.175 millones respecto del trimestre anterior, aunque en el mercado estiman que el monto real podría ser aún mayor, ya que el relevamiento se realizó antes de las elecciones legislativas de octubre, período en el que se intensificó la dolarización de carteras y la cobertura alcanzó cerca del 40% del M2.
Para Caputo, lograr que esos dólares ingresen al sistema es una prioridad estratégica. Cuando presentó el proyecto en mayo, sostuvo que la formalización de esos ahorros era una condición necesaria para sostener un crecimiento económico del 6%. Sin embargo, el escenario cambió en la previa electoral, cuando el Gobierno aplicó un fuerte "apretón monetario" con suba de tasas de interés, lo que derivó en una caída de la actividad del 0,3% en octubre.
Con el resultado electoral ya definido, el equipo económico enfrenta ahora el desafío de reactivar la actividad, y vuelve a apuntar a los dólares que permanecen fuera del sistema. La experiencia reciente de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERAs) dejó un sabor agridulce, ya que, según reconocen fuentes oficiales en reserva, los fondos depositados no se volcaron masivamente a la inversión productiva.
Guerra abierta con los bancos privados
En paralelo, el ministro mantiene un duro enfrentamiento con las entidades privadas. A través de X, Caputo cuestionó los requisitos adicionales que exigen algunos bancos: "Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley", escribió. Según explicó, el único requisito debería ser acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias, permitiendo disponer de los dólares de forma inmediata.
El conflicto no es nuevo. Las entidades privadas vienen solicitando a sus clientes una declaración jurada voluntaria sobre el origen de los fondos, una práctica que generó malestar en el Ministerio de Economía y fue advertida por profesionales contables.
Tras los dichos de Caputo, desde el sector bancario privado primaron el silencio y las versiones cruzadas. "Los bancos cumplen normas, no tweets", señaló una fuente de peso del sistema financiero, al remarcar que, hasta tanto no se modifiquen las regulaciones del Banco Central (BCRA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), seguirán aplicando los controles vigentes. "No se trata de romperle nada a nadie, sino de cumplir con los reguladores del Estado", agregaron.
Consultada por Infobae, la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) evitó hacer comentarios. En cambio, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Abeda), Javier Bolzico, valoró la iniciativa y sostuvo que la ley "promueve la formalización del ahorro, fortalece la intermediación financiera y favorece el crecimiento del crédito".
El desenlace dependerá ahora de las definiciones que adopten la UIF, el BCRA y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que aún debe publicar su resolución general. Allí también se juega una promesa clave del ministro Caputo: la corrección —al menos parcial— de un esquema de multas automáticas que se incrementó más de 100.000% en los últimos años.