La situación judicial internacional de la Argentina se volvió aún más crítica tras un nuevo fallo adverso en la causa por la expropiación de YPF. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, dictaminó que el país debe transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford Capital y Eton Park para cumplir con una condena por US$16.100 millones, a lo que se suman US$1650 millones en intereses desde septiembre de 2023. En total, la deuda supera los US$17.500 millones, según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors.
A esto se suma un segundo fallo de Preska, que ordena entregar acciones de YPF al fondo Bainbridge, beneficiario de otra sentencia por US$95 millones más intereses por deuda en default.
Tras las resoluciones judiciales, los fondos beneficiarios, especialmente Burford, iniciaron gestiones para contactar al Gobierno argentino con el fin de negociar la forma de cobro, incluso barajando la posibilidad de aceptar bonos. Sin embargo, la estrategia oficial, tanto en gestiones anteriores como en la actual administración de Javier Milei, ha sido dilatar los pagos mediante apelaciones judiciales. El propio presidente confirmó que apelará el fallo de Preska.
Una deuda externa judicial de US$32.000 millones
El frente judicial que enfrenta la Argentina en tribunales del exterior es amplio y diverso. Incluye causas abiertas en Nueva York, Londres y en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Excluyendo el caso YPF, los litigios suman más de US$14.000 millones. De ellos, US$2400 millones corresponden a demandas en el CIADI; US$1800 millones a reclamos por bonos del default de 2001 que no ingresaron a los canjes; y cerca de US$9278 millones por los llamados cupones PBI, que se emitieron durante el kirchnerismo y cuyo pago está en disputa por supuesta manipulación de estadísticas oficiales.
Sumando todos los procesos, los reclamos judiciales contra el país alcanzan los US$32.000 millones. De ese total, alrededor de US$21.000 millones están en condiciones de ejecutarse o apelarse de inmediato.
Los principales casos
Holdouts:
A pesar de los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016, aún persisten demandas por US$1800 millones de parte de fondos que no aceptaron los acuerdos. De ese monto, unos US$510 millones podrían ejecutarse pronto.
Cupón PBI:
Este conflicto tiene cuatro procesos activos. En Londres, una sentencia firme ordenó pagar US$1450 millones por la manipulación de datos del PBI en 2013, aunque aún resta saldar cerca de 1000 millones de euros. En Estados Unidos, el fondo Aurelius Capital mantiene tres demandas: una desestimada en 2019 por tecnicismos, y dos nuevas iniciadas en 2023 y 2024 por US$6000 millones y US$1500 millones. Alegan que, sin la modificación en la fórmula del PBI, Argentina hubiera debido pagar los cupones correspondientes a los años 2014-2018, 2021 y 2022.
Expropiación de Aerolíneas Argentinas:
El fondo Titan Consortium reclama US$340 millones más intereses ante tribunales estadounidenses por la nacionalización de Aerolíneas y Austral en 2008, causa que también pasó por el CIADI.
Otras causas en el CIADI:
El mes pasado, el tribunal arbitral falló a favor de AES Corporation, condenando a Argentina a pagar US$716 millones por la pesificación de contratos en la represa Alicurá. En mayo, la constructora Webuild también obtuvo una sentencia favorable por US$147 millones por la congelación de peajes en el puente Victoria-Rosario.
La suma de fallos adversos plantea un desafío económico y legal mayúsculo para el país, que deberá afrontar no solo la presión judicial, sino también las consecuencias políticas y financieras de estos litigios en curso.
