El acceso a los servicios públicos esenciales sigue siendo una deuda estructural en la Argentina urbana. Según los últimos resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2025, casi la mitad de los hogares del país no dispone de alguno de los servicios básicos de red: agua corriente, gas natural o cloacas.
De acuerdo con los datos oficiales, el 90,6% de los hogares urbanos cuenta con conexión a la red de agua corriente, el 65,7% accede al gas natural y el 73,1% dispone de desagüe cloacal. Esto significa, en sentido inverso, que el 9,4% de las viviendas no tiene agua de red, el 34,3% carece de gas y el 26,9% no está conectada a las cloacas.
Las cifras muestran un retroceso en la cobertura de los servicios públicos en los últimos tres años. Mientras la provisión de agua corriente creció levemente —pasó del 89,6% en 2022 al 90,6% actual—, los otros dos servicios registraron descensos. La proporción de hogares con gas natural cayó 3,5 puntos porcentuales, y el acceso a cloacas bajó de 74% a 73,1%.
El INDEC destacó que solo el 53,8% de los hogares accede simultáneamente a los tres servicios, mientras que el 46,2% restante carece de al menos uno de ellos, un porcentaje que se incrementó respecto al 44,3% registrado en 2022. Si se analiza por personas, el 48,4% de la población urbana vive en viviendas que no tienen garantizado el acceso a todos los servicios básicos.
El organismo aclaró que las brechas varían según la región y el nivel de infraestructura disponible. En muchas zonas urbanas y suburbanas, las redes existen pero no siempre llegan a los domicilios por falta de obras de extensión o por las dificultades económicas de las familias para costear las conexiones.
Condiciones habitacionales y entorno ambiental
Además de medir el acceso a los servicios, la encuesta analizó otras variables vinculadas a la calidad de vida. Uno de los indicadores relevados fue el hacinamiento crítico, que el INDEC define como la situación en la que habitan más de tres personas por cuarto.
Durante el primer semestre de 2025, el 1,8% de los hogares presentó este tipo de hacinamiento, lo que equivale a unos 186.000 hogares donde viven más de un millón y medio de personas. En el 98,2% restante no se registraron casos críticos: el 86,1% tiene menos de dos personas por cuarto y el 12% entre dos y tres. Aunque la incidencia del hacinamiento severo es baja, sigue representando un factor de vulnerabilidad que afecta la convivencia y limita el bienestar de las familias con menores recursos.
El relevamiento también evaluó las condiciones del entorno. El 5,1% de los hogares se encuentra a menos de tres cuadras de un basural, lo que impacta directamente en la salud y el ambiente, mientras que el 9% de las viviendas —donde reside el 10,7% de la población— está ubicada en zonas inundables, con anegamientos registrados durante el último año.
Así, el 94,9% de los hogares habita en zonas alejadas de basurales y el 91% en áreas no afectadas por inundaciones recientes, aunque las cifras revelan un núcleo persistente de riesgo socioambiental.
El análisis por nivel de ingresos confirma la desigualdad: el 18,6% de las personas en situación de indigencia vive en zonas inundables y el 9,1% de los pobres lo hace cerca de basurales. En cambio, entre los sectores no pobres esos porcentajes descienden al 7,4% y 4,6%, respectivamente.
Estos datos permiten trazar un panorama de las condiciones urbanas del país: casi la mitad de la población carece de acceso pleno a los servicios básicos, y un segmento significativo convive con factores de riesgo ambiental que profundizan las desigualdades sociales.