El conflicto judicial por la expropiación de YPF sumó este jueves un nuevo capítulo de alto impacto. Los fondos demandantes en el juicio que tramita en los tribunales de Nueva York solicitaron formalmente a la jueza Loretta Preska que declare en desacato a la Argentina y que le aplique sanciones, al considerar que el Estado incumplió órdenes judiciales vinculadas al proceso de producción de pruebas.
La presentación fue realizada por los abogados que representan a Petersen Energía y Eton Park, con respaldo financiero del fondo Burford Capital, y se inscribe en la etapa de discovery del expediente. Desde el Gobierno argentino ya adelantaron que rechazarán el planteo y calificaron el pedido como desproporcionado.
El reclamo se produce en el marco del fallo de fondo que condenó a la Argentina a pagar unos 16.100 millones de dólares más intereses por la estatización de YPF en 2012, una sentencia que el país apeló y que continúa generando derivaciones judiciales y financieras de peso.
Qué sanciones pidieron los demandantes
En su escrito, los acreedores solicitaron al menos cinco sanciones contra la Argentina. El eje central del planteo es que el Estado habría incumplido órdenes judiciales que exigían la entrega de comunicaciones internas —incluidos correos electrónicos y mensajes de WhatsApp— de funcionarios y exfuncionarios, tanto actuales como anteriores.
Uno de los pedidos más sensibles apunta a que la jueza Preska declare como "alter ego" del Estado argentino a distintos organismos y empresas públicas, entre ellos el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas. En términos legales, esta figura implica considerar que esas entidades actúan como una misma cosa que el Estado, lo que habilitaría eventuales embargos o medidas sobre sus activos.
Para sustentar ese reclamo, los demandantes insisten en la necesidad de acceder a comunicaciones realizadas por canales no oficiales, con el argumento de que allí podría probarse que YPF y otros organismos operaron bajo control directo del Gobierno nacional.
Además, solicitaron que la Argentina sea declarada en desacato por un supuesto incumplimiento deliberado de las órdenes de la jueza. En caso de que ese planteo prospere, pidieron la aplicación de una multa coercitiva de al menos un millón de dólares por día, pagadera al tribunal mientras persista el incumplimiento.
El escrito también reclama la imposición de sanciones civiles y que se presuma que toda evidencia no presentada o retenida sería desfavorable para la parte que incumplió la orden judicial. En paralelo, los fondos solicitaron que, si la Argentina argumenta que no puede acceder a determinadas comunicaciones, se convoque a una audiencia con testigos en vivo, que podría incluir a funcionarios como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. En ese escenario, el país debería afrontar los costos legales y honorarios de dicha instancia.
Cómo sigue el conflicto judicial
De acuerdo con el cronograma fijado por la Justicia estadounidense, la defensa argentina deberá responder al pedido de sanciones el próximo 19 de febrero. Luego, los demandantes presentarán su contrarréplica el 5 de marzo. Las audiencias están previstas para los días 23 y 24 de marzo, cuando la jueza Preska definirá si hace lugar o no al reclamo.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación recordaron que el planteo ya había sido anticipado y lo cuestionaron con dureza. "El 15 de enero comenzará un insólito y desproporcionado pedido de desacato", habían señalado desde el Gobierno antes de la presentación formal.
Los demandantes sostienen que la Argentina incumplió el discovery ordenado por Preska, que incluía el acceso a correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de funcionarios del área económica, entre ellos Luis Caputo y el exministro Sergio Massa. Para la defensa oficial, sin embargo, el país cumplió con todas las obligaciones procesales.
La respuesta del Gobierno
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron de manera categórica el pedido de desacato presentado por Burford Capital. Aseguraron que la Argentina "ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery", incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y la participación de diversos funcionarios en instancias testimoniales.
Según la defensa argentina, la moción presentada en Nueva York constituye "el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas". Advirtieron además que, de prosperar el planteo, podría generar consecuencias económicas y financieras relevantes para el país, con impacto en litigios en curso, eventuales sanciones y relaciones comerciales internacionales.
