La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ratificó su orden para que la Argentina entregue los chats y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa, en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
El país deberá presentar antes del 10 de noviembre el listado de personas que colaborarán con la Justicia estadounidense y entregar la documentación solicitada antes del 21 de noviembre, según dispuso la magistrada.
Preska —quien en septiembre de 2023 condenó al Estado argentino a pagar US$16.000 millones a los demandantes Petersen y Eton, financiados por el fondo Burford Capital— amplió el pedido de información para incluir mensajes enviados a través de WhatsApp, Signal y redes sociales. La decisión se enmarca en el proceso de discovery, mediante el cual los demandantes buscan identificar activos argentinos que puedan ser embargados para cobrar parte del fallo.
El objetivo del fondo Burford es determinar si empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y el Banco Nación operan como "alter ego" de la República Argentina, lo que permitiría solicitar embargos sobre sus bienes en el exterior.
La defensa argentina había pedido una prórroga del plazo original, que vencía el 30 de octubre, para poder recopilar la información y garantizar la colaboración de 35 funcionarios y exfuncionarios, además de iniciar el proceso de apelación contra la orden de entrega de comunicaciones privadas.
Durante la audiencia realizada este martes, los representantes legales del Estado plantearon que no pueden asegurar que todos los funcionarios conserven los mensajes requeridos, según informaron fuentes judiciales.
Por su parte, los abogados de los demandantes financiados por Burford calificaron la demora como una "maniobra dilatoria" y pidieron a Preska que declare a la Argentina en desacato si el país no cumple con los plazos establecidos.
Aunque la jueza no emitió una orden directa de sanción, advirtió que si el Estado argentino incumple, abrirá una investigación adicional ("discovery sobre el discovery") para determinar las causas y definir eventuales penalidades.
El fallo mantiene en alerta al Gobierno nacional y a las provincias, incluidas Catamarca, ya que un eventual embargo sobre activos o fondos estatales podría tener impacto en las finanzas federales y en los recursos de inversión pública.
