Las provincias que recurrieron en abril al esquema de anticipos de coparticipación federal dispuesto por el Gobierno Nacional comenzaron a evaluar nuevas alternativas para afrontar esos compromisos financieros. Entre ellas se encuentra Catamarca, una de las doce jurisdicciones que accedieron al préstamo extraordinario implementado por el Ministerio de Economía con el objetivo de aliviar las tensiones de caja en un contexto de menor disponibilidad de recursos.
Según pudo averiguar Ámbito, algunas de las provincias beneficiadas ya analizan solicitar una refinanciación de esos créditos, una posibilidad que dependerá de la aprobación del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo.
La medida refleja una tendencia creciente hacia la utilización de financiamiento nacional por parte de las administraciones provinciales, en un escenario donde los gobernadores continúan enfrentando restricciones derivadas de la caída de los envíos de fondos nacionales y de una menor recaudación propia.
Un préstamo para evitar financiamiento más costoso
El anticipo de coparticipación fue instrumentado durante el segundo trimestre del año y alcanzó un monto total de $400.000 millones, distribuidos entre una docena de provincias.
De acuerdo con la información publicada, el objetivo de esta asistencia financiera fue evitar que los gobiernos provinciales debieran recurrir al mercado de capitales o al sistema bancario, donde habrían enfrentado tasas de interés en dólares más elevadas. El préstamo fue acordado con una tasa anual del 15% y se estructuró como un financiamiento que debe cancelarse dentro del mismo ejercicio fiscal.
El mecanismo de devolución prevé el descuento directo de los recursos de coparticipación federal, por lo que, desde el punto de vista contable, estos anticipos integran la denominada deuda flotante de los estados subnacionales.
Catamarca integra el grupo de provincias beneficiadas
Las jurisdicciones que accedieron a esta línea de asistencia financiera fueron:
- Catamarca.
- Chaco.
- Chubut.
- Corrientes.
- La Rioja.
- Mendoza.
- Misiones.
- Río Negro.
- Salta.
- Santa Cruz.
- Tierra del Fuego.
- Tucumán.
La inclusión de estas provincias evidencia que los ajustes implementados por los gobiernos provinciales para enfrentar la disminución de los recursos no habrían resultado suficientes para equilibrar completamente sus cuentas.
Según la información obtenida por Ámbito a partir de fuentes con conocimiento del tema, tres provincias ya tienen definido solicitar una refinanciación, mientras que una cuarta jurisdicción mantiene esa posibilidad bajo evaluación. La eventual aprobación de esas solicitudes quedará sujeta a la decisión que adopte el Ministerio de Economía.
El deterioro del resultado fiscal provincial
El análisis del contexto fiscal muestra una evolución que explica el creciente interés de las provincias por acceder a mecanismos de financiamiento. Durante el primer trimestre de 2026, el superávit primario de las gobernaciones descendió desde el 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) registrado en 2025 hasta el 0,2% del PBI.
Esa reducción refleja una tendencia que, según la información disponible, podría derivar en que las provincias comiencen a registrar resultados fiscales negativos.
No obstante, el informe señala una excepción durante julio, cuando la coparticipación experimentó un incremento debido al pago, el día 27 de ese mes, del vencimiento correspondiente al Impuesto a las Ganancias de las personas, lo que permitió elevar los recursos distribuidos entre las jurisdicciones.
La deuda provincial continúa creciendo
En paralelo con las dificultades fiscales, también se observa un incremento de la deuda pública provincial. De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), la deuda pública de las provincias alcanzó el 3,4% del Producto Bruto Interno durante el primer trimestre de 2026.
Ese porcentaje representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, cuando la deuda equivalía al 3,2% del PBI. El estudio precisa que el stock consolidado de deuda de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ascendió a $32,6 billones al cierre del primer trimestre de 2026.
Asimismo, señala que, medido en moneda constante, ese monto representa un crecimiento del 7% respecto del mismo período de 2024.
Pese a esa evolución, Politikon Chaco destaca que, al comparar los datos de los primeros trimestres de los últimos veinte años, el nivel de endeudamiento provincial registrado en 2026 continúa ubicándose entre los más bajos en relación con el Producto Bruto Interno, superando únicamente el nivel observado durante 2025.
Cómo está compuesta la deuda de las provincias
El informe también detalla la composición del endeudamiento de las provincias, mostrando cuáles son las principales fuentes de financiamiento. La distribución es la siguiente:
- 74,4% corresponde a bonos.
- 20,1% corresponde a organismos internacionales.
- 3,1% corresponde a bancos.
- 1,6% corresponde al Gobierno Nacional.
- 0,7% corresponde al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y a la denominada deuda consolidada, integrada por compromisos regularizados mediante planes de pago anteriores.
Esta estructura evidencia que la mayor parte del endeudamiento provincial continúa concentrada en instrumentos de mercado y en financiamiento proveniente de organismos internacionales, mientras que la participación directa del Gobierno Nacional representa una porción menor del total.
Un escenario de mayor dependencia del financiamiento
La posibilidad de que algunas provincias refinancien los anticipos de coparticipación otorgados en abril refleja las dificultades que enfrentan las administraciones subnacionales para sostener el equilibrio de sus cuentas públicas.
En este contexto, Catamarca forma parte del grupo de provincias que accedieron al esquema de financiamiento nacional implementado por el Ministerio de Economía, mientras se mantiene la expectativa sobre la decisión que adoptará la cartera conducida por Luis Caputo respecto de los pedidos de refinanciación que ya comenzaron a analizar algunas jurisdicciones.