Cargar el tanque será más caro a partir de enero de 2026. El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una decisión que impactará de manera directa en los precios finales de la nafta y el gasoil en todo el país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 929/2025 y cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El nuevo esquema impositivo establece incrementos diferenciados según el tipo de combustible. En el caso de las naftas, se aplicará una suba de $17,291 por litro en concepto del impuesto sobre los combustibles líquidos, a lo que se suma un aumento de $1,059 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono. Ambos gravámenes se trasladan de manera directa al precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
Para el gasoil, el ajuste será aún más complejo. El decreto fija un incremento de $14,390 por litro para el gravamen general, mientras que la alícuota diferencial —que rige en regiones como la Patagonia y determinadas zonas del interior del país— tendrá una suba de $7,792 por litro. A eso se suma un aumento adicional de $1,640 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.
Desde el Poder Ejecutivo justificaron la decisión al señalar que la actualización de los tributos resulta necesaria para "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". El incremento se inscribe en una serie de ajustes periódicos que el Gobierno viene aplicando desde 2024 como parte de su estrategia de ordenamiento de las cuentas públicas y reducción del déficit fiscal.
Según detalla la normativa, los nuevos montos surgen de la fórmula de actualización trimestral prevista por la legislación vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este mecanismo busca preservar el valor real de los impuestos frente al avance de la inflación.
Desde 2018, tanto el impuesto a los combustibles líquidos como el impuesto al dióxido de carbono se actualizan de manera automática cada tres meses en función de la inflación. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, distintos gobiernos optaron por postergar o escalonar la aplicación de esos aumentos con el objetivo de moderar su impacto en los precios al consumidor y evitar saltos bruscos en los surtidores.
El impuesto al dióxido de carbono, en particular, grava la emisión de gases contaminantes generados por el uso de combustibles fósiles. Se cobra como un monto fijo por litro y se suma al impuesto principal sobre los combustibles líquidos. Si bien su peso dentro de la carga impositiva total es menor, su actualización automática busca mantener tanto su valor fiscal como su función ambiental, en línea con los compromisos asumidos en materia de reducción de emisiones.
A fines de noviembre, el Gobierno ya había decidido prorrogar un nuevo aumento de estos tributos. En aquella oportunidad, dispuso que la suba pendiente correspondiente a 2024, junto con las actualizaciones acumuladas de los primeros tres trimestres de 2025, se aplicaran recién a partir del 1° de enero de 2026. Esa decisión alcanzó a la nafta súper, la nafta virgen y el gasoil, y sentó las bases para el esquema que ahora comienza a regir.
Con este nuevo ajuste, el precio de los combustibles volverá a ubicarse en el centro del debate económico, no solo por su impacto directo en el bolsillo de los automovilistas, sino también por su efecto indirecto sobre los costos de transporte, la logística y, en última instancia, el nivel general de precios.