La localidad bonaerense de San Fernando se ha convertido en el epicentro de un conflicto social y económico de magnitudes alarmantes. Tras el anuncio oficial del cierre definitivo de la fábrica de neumáticos Fate, la tensión ha escalado de forma estrepitosa en las inmediaciones y el interior de la planta. La decisión de la firma, que implica el despido de 920 empleados, ha disparado una serie de manifestaciones encabezadas por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), derivando en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y medidas de fuerza extremas por parte de los operarios.
Desde las primeras horas del anuncio, la planta se vio rodeada por una fuerte presencia policial tanto dentro como fuera del predio. La situación alcanzó su punto más crítico cuando un grupo de trabajadores, liderado por el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, junto a otros 14 empleados, habrían cortado el alambrado perimetral para ingresar al establecimiento. Según los informes de la Policía Bonaerense, esta acción tuvo la "intención de tomar la fábrica", lo que derivó en la detención inicial de Crespo.
Actualmente, el escenario es de ocupación parcial: algunos empleados se mantienen en el techo del establecimiento como símbolo de resistencia contra el cierre. Mientras tanto, la justicia ha tomado cartas en el asunto bajo la figura del fiscal Marcelo Fuenzalida, quien dispuso la identificación de todas las personas que irrumpieron en la planta, imputándoles el delito de turbación de la propiedad. Para evitar que la situación pase a mayores, se ha establecido una férrea custodia en todo el perímetro, impidiendo el acceso de más personal.
El impacto humano y la visión gremial
Detrás de las cifras y los conflictos legales, subyace una crisis humana profunda. El delegado de Fate, de apellido Ricciardulli, expresó en declaraciones televisivas la angustia que atraviesa la dotación. Según el representante, la mayoría de los 920 operarios afectados promedian los 45 años de edad y cuentan con 25 años de antigüedad en la empresa, lo que vuelve su reinserción laboral una tarea compleja. Ricciardulli admitió que la situación de la actividad en los últimos meses ya era "preocupante".
Por su parte, Alejandro Crespo, tras recuperar el contacto con los medios, calificó el cierre como "totalmente ilegal", denunciando que la compañía no cumplió con los procedimientos correspondientes. En declaraciones radiales, el líder sindical vinculó el cierre con el contexto político actual: "Se está generando un ataque brutal a la sociedad. Imagínense esto con reforma laboral, con patronales con más derechos, vamos a terminar en una situación de humillación de lo que es el movimiento obrero", sentenció Crespo.
El legado de una empresa nacida en 1940
A pesar del caos actual, la empresa emitió un comunicado firmado por "el Directorio" en el que intentó justificar la medida. En el texto, Fate —que inició sus actividades en 1940— atribuyó el cierre a los "cambios en las condiciones de mercado", los cuales obligan a la firma a encarar el futuro desde un enfoque diferente.
A modo de balance de su trayectoria de más de ocho décadas, la compañía destacó:
Su liderazgo basado en la inversión permanente y el desarrollo tecnológico de avanzada.
Haber sido pioneros en el abastecimiento de neumáticos radiales en el mercado local.
Una sólida presencia exportadora en regiones competitivas como Europa, Estados Unidos y América Latina.
Su carácter de empresa de capitales argentinos que contribuyó al entramado productivo nacional y al desarrollo de proveedores locales.
Indemnizaciones y futuro inmediato
Respecto al destino de los trabajadores, la firma aseguró que se procederá a indemnizar a la totalidad de la plantilla de acuerdo con las condiciones de la ley vigente. No obstante, este compromiso no ha logrado aplacar el descontento sindical, que ve en este cierre un precedente peligroso para el sector.
La identidad de Fate, definida por su compromiso con la calidad y la generación de empleo durante 84 años, se enfrenta hoy a su capítulo más oscuro. Mientras los trabajadores permanecen en el predio y la policía mantiene el cerco, el futuro de las familias de San Fernando queda supeditado a una resolución que parece estar lejos de la vía diplomática.
