El Gobierno resolvió no reducir los impuestos a los combustibles, a pesar de que la nafta y el gasoil registraron aumentos cercanos al 15% durante marzo, un factor que impacta directamente en la inflación.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que la prioridad central es mantener el superávit fiscal, considerado uno de los pilares fundamentales de la estrategia económica para estabilizar la macroeconomía. En ese marco, se descarta por el momento aplicar medidas que impliquen resignar ingresos tributarios, incluso si estas pudieran moderar el precio final en los surtidores.
La decisión implica no recurrir a una herramienta clave: la modificación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), dos componentes que inciden de manera directa en el valor que pagan los consumidores.
Alternativas en análisis
Aunque la reducción de impuestos quedó fuera de discusión, el Gobierno sí evalúa una alternativa intermedia: postergar los aumentos mensuales de esos tributos.
En los últimos meses, estos ajustes venían sumando aproximadamente un 1% mensual al precio final de los combustibles, lo que contribuía a sostener la tendencia alcista.
Dentro de este esquema, la estrategia oficial contempla:
- Evitar nuevas presiones sobre los precios en el corto plazo
- Mantener sin cambios la estructura tributaria vigente
- Administrar el ritmo de actualización impositiva
Esta opción permitiría amortiguar parcialmente el impacto sobre los consumidores sin comprometer de manera directa la recaudación fiscal estructural.
El peso de los impuestos en la recaudación
Los tributos vinculados a los combustibles representan una fuente relevante de ingresos para el Estado. Durante los primeros dos meses de 2026, la recaudación alcanzó los $ 870.558 millones, lo que equivale aproximadamente al 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Este dato explica, en gran medida, la resistencia oficial a implementar reducciones impositivas en un contexto donde el equilibrio fiscal es una meta prioritaria.
Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene un atraso en la actualización de estos impuestos, lo que genera un desfase significativo respecto de los valores que deberían aplicarse.
Según estimaciones privadas el retraso equivale a $ 89,40 por litro de gasoil y a $ 212,50 por litro de nafta.
Este diferimiento implica que el Tesoro deja de percibir alrededor de u$s 200 millones mensuales, aunque permite atenuar parcialmente el impacto de los aumentos en los precios finales.
Entre la recaudación y el impacto en precios
La política actual refleja un delicado equilibrio entre dos objetivos:
- Sostener los ingresos fiscales
- Evitar un traslado pleno de los aumentos al consumidor
El atraso en la actualización de los impuestos funciona, en este sentido, como una herramienta de moderación indirecta, aunque con un costo en términos de recaudación.
Sin embargo, la negativa a reducir impuestos marca un límite claro en la estrategia oficial, que prioriza la consistencia fiscal por encima de medidas de alivio inmediato en los precios.
La estrategia frente a la crisis energética internacional
El escenario se complejiza por el contexto global. El encarecimiento del petróleo, impulsado por la crisis energética internacional vinculada al conflicto en Medio Oriente, agrega presión sobre los precios internos.
A pesar de este contexto, en el equipo económico predomina la decisión de no intervenir en el mercado. Esta postura se traduce en varias definiciones concretas:
- No aumentar las retenciones a las exportaciones de petróleo, que se mantienen en el 8%
- No intervenir en los precios internos del crudo
- Sostener un esquema de mercado sin regulaciones adicionales
Este enfoque contrasta con el adoptado por otros países de la región, que sí implementaron medidas de intervención para moderar el impacto de los aumentos en los combustibles.
