El Día del Maestro, que se conmemora este 11 de septiembre, encuentra al sistema educativo argentino en medio de una fuerte conflictividad, con paros en escuelas de distintas provincias y medidas de fuerza en las universidades nacionales. En este contexto, la discusión sobre los salarios docentes volvió a ocupar un lugar central, atravesada por la pérdida de poder adquisitivo, el ajuste del gasto educativo y las crecientes diferencias entre las distintas jurisdicciones.
La situación se desarrolla durante la gestión del gobierno de Javier Milei, que desde 2023 redujo la inversión en el gasto educativo, mientras las provincias asumieron una mayor carga en el sostenimiento del sistema. Al mismo tiempo, los salarios docentes perdieron poder adquisitivo frente a la inflación.
La discusión alcanza tanto a los maestros de nivel primario y secundario como a los profesores universitarios. En las universidades nacionales, el conflicto se profundizó alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación permitió recuperar solamente una parte del deterioro salarial. En las escuelas provinciales, en tanto, el retiro de asistencias nacionales trasladó una mayor responsabilidad a las jurisdicciones.
A este escenario se sumaron los recortes presupuestarios y la discontinuidad de herramientas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Una pérdida salarial cercana al 30%
Los números elaborados por CTERA, el gremio de mayor representatividad de los trabajadores de la educación a nivel nacional, muestran la dimensión del deterioro. Según la organización, el salario docente acumula una pérdida real cercana al 30% desde 2015. Para un maestro de grado con 10 años de antigüedad, el poder adquisitivo también cayó cerca de un 30% desde septiembre de 2023.
El informe sostiene que el retroceso llevó al salario docente a uno de sus niveles más bajos de las últimas tres décadas. Para recuperar el poder adquisitivo que tenía en junio de 2015, debería registrarse una recomposición del 42% en términos reales.
El deterioro se aceleró desde el segundo semestre de 2023. Para un maestro de grado de primaria, con jornada simple y 10 años de antigüedad, el salario de bolsillo pasó de representar $1.541.860 en septiembre de 2023 a $1.081.158 en junio de 2026, medidos a precios constantes de junio de 2026.
La diferencia equivale a una pérdida de aproximadamente $460.700 mensuales de poder adquisitivo, una caída cercana al 30% en menos de tres años.
El ajuste sobre el presupuesto educativo
La pérdida salarial se produjo paralelamente a una reducción significativa del presupuesto destinado a educación. De acuerdo con CTERA, desde 2023 el Presupuesto de la Administración Pública Nacional cayó 34,4% en términos reales, mientras que la función Educación y Cultura sufrió un recorte todavía mayor, del 45,9%.
Dentro de esa función, el retroceso alcanzó niveles especialmente pronunciados:
- Educación Obligatoria: caída real acumulada del 77%.
- Infraestructura Educativa: desplome del 95,8%.
El ajuste continuó durante 2026. Aunque Educación y Cultura recibió un incremento nominal del 15,9% respecto del presupuesto inicial durante los primeros siete meses del año, CTERA advirtió que los recursos estuvieron concentrados principalmente en las universidades.
En contraste:
- Educación Obligatoria: recorte adicional del 4,4%.
- Infraestructura Educativa: recorte adicional del 54%.
- Programas de la Secretaría de Educación, excluyendo universidades: asignaciones para 2026 un 79,2% inferiores en términos reales a las de 2023.
La ejecución presupuestaria también refleja la magnitud del ajuste. En julio de 2026 se había ejecutado apenas el 43,8% del presupuesto anual de los programas de la Secretaría de Educación, frente al 58% que, en términos teóricos, debería haberse ejecutado a esa altura del año. CTERA estima, además, que el gasto educativo consolidado representará alrededor del 4,1% del PBI en 2026, frente al 5,2% de 2023. La inversión nacional en Educación y Cultura pasó, según el informe, de 1,42% del PBI a 0,79%.
La Nación y provincias
El financiamiento educativo nacional atraviesa un proceso de fuerte retracción. Según un informe del IIEP UBA-CONICET y OGECyT-IGEDECO, la función Educación y Cultura registró una caída real del 43,2% en 2024 y del 7,9% en 2025, lo que representa una contracción acumulada del 47,7% en el bienio.
Para 2026, el crédito vigente al 30 de mayo proyecta una nueva disminución real del 12,7%. De concretarse, serían tres años consecutivos de retroceso. El economista y director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Javier Curcio, explicó que el deterioro debe analizarse también desde la perspectiva salarial. "El salario representa más del 80% de la función educativa y si no se resuelve eso, es muy difícil resolver cualquier cuestión vinculada a la calidad", sostuvo.
El gasto nacional destinado a Educación y Cultura pasó de representar 1,41% del PBI en 2023 a 0,86% en 2024. En paralelo, las provincias incrementaron su participación en el sostenimiento del sistema.
La reconstrucción realizada por los investigadores del IIEP UBA-CONICET y OGECyT-IGEDECO indica que en 2024 la Nación financió el 20,1% del gasto educativo consolidado, frente al 26,8% del año anterior. Las jurisdicciones provinciales, en cambio, pasaron a explicar el 79,9%.
Curcio advirtió que la situación fiscal de las provincias puede transformarse en un factor determinante y "crítica para todos los niveles de gobierno". Ante la caída de las transferencias nacionales y de la actividad económica, sostuvo: "estamos en una fase recesiva de ingresos que nos lleva a más ajustes".
FONID, paritaria y mayor desigualdad territorial
La menor participación nacional también tuvo consecuencias sobre los mecanismos de coordinación salarial. La discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente desde 2024 eliminó una herramienta histórica para complementar los salarios de los maestros provinciales.
A esto se sumó que el Fondo de Compensación Salarial no registró ejecución en 2025 ni en lo que va de 2026. También se modificó la paritaria nacional docente, otorgando mayor protagonismo al Consejo Federal de Educación. Según el informe, estos cambios hacen que las remuneraciones y las condiciones de financiamiento queden cada vez más relacionadas con la capacidad fiscal de cada provincia.
Curcio estimó que "la caída del salario en el ámbito docente en el promedio del sector público provincial representa entre un 17 y un 20% para las provincias", deterioro que, según señaló, se mantiene desde el comienzo de la actual gestión.
El doctor en Ciencias Económicas e investigador de la UBA Juan Ignacio Doberti cuestionó que el Gobierno se haya desentendido del financiamiento de los salarios docentes y trasladado una mayor responsabilidad a las provincias. Consideró que la situación no solamente provocó una pérdida de poder adquisitivo, sino que profundizó las desigualdades entre jurisdicciones con diferentes capacidades fiscales.
"Una cosa es que no haya plata para nadie, pero otra cosa es que no haya plata para vos. Eso es lo que le está diciendo el Gobierno a la educación", afirmó.
Doberti sostuvo además que el debate excede el ajuste fiscal y se relaciona con las prioridades estatales. "No es solo un componente de ajuste fiscal, es un componente de ajuste fiscal y de gasto direccionado hacia otras finalidades", planteó.
En ese sentido, señaló que mientras la Nación redujo su participación en el financiamiento educativo y eliminó herramientas como el FONID, el Gobierno decidió destinar mayores recursos a otras áreas, como defensa y seguridad.
Un mapa salarial con diferencias de más de $1,5 millones
El nuevo escenario queda reflejado con claridad en el mapa salarial de las 24 jurisdicciones. De acuerdo con el Informe Indicativo del Salario Docente, elaborado por la Secretaría de Educación de la Nación, el relevamiento más reciente, correspondiente a junio de este año, muestra una diferencia superior a $1,58 millones mensuales brutos entre el salario más alto y el más bajo para un maestro de grado con 10 años de antigüedad.
Neuquén encabeza el ranking con $2.521.570, mientras que Mendoza se ubica en el extremo opuesto con $935.450.
La brecha implica que, para un mismo cargo testigo, la remuneración puede ser casi tres veces mayor dependiendo de la provincia en la que trabaje el docente.
Detrás de Neuquén aparecen:
- Santiago del Estero y Santa Cruz: ambas por encima de $1,8 millones.
- Tierra del Fuego y Córdoba: por encima de $1,6 millones.
- Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Misiones y Mendoza: por debajo de $1,2 millones.
Así, Catamarca se encuentra entre las nueve jurisdicciones con salarios inferiores a $1,2 millones para el cargo analizado.
Catamarca y la evolución de los salarios
El ranking de salarios actuales no es el único dato que permite observar las diferencias entre provincias. La evolución interanual también muestra comportamientos muy diferentes.
Santiago del Estero lideró la recomposición salarial interanual con una suba del 106,1%, seguida por Corrientes, con 56,8%. También Catamarca, Tucumán y San Juan registraron incrementos superiores al 40%.
Sin embargo, el informe advierte que en algunas jurisdicciones tuvieron incidencia sumas extraordinarias, por lo que las variaciones interanuales deben ser analizadas junto con la composición de cada salario y no solamente a partir del porcentaje final.
En el extremo opuesto, Chaco registró una recomposición de apenas 6,8% en los últimos 12 meses, la menor entre las jurisdicciones analizadas. También Tierra del Fuego, San Luis, Mendoza y Salta quedaron entre las provincias con menores aumentos interanuales.
La evolución demuestra que una mayor suba porcentual no implica necesariamente alcanzar los salarios más altos. Una provincia que parte de una remuneración más baja puede registrar una fuerte recomposición y, aun así, permanecer rezagada en el ranking.
El impacto en las universidades nacionales
La situación salarial también afecta a los trabajadores de las universidades nacionales. La pérdida real desde noviembre de 2023 alcanza al 22,2%, incluso después de la recomposición parcial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
Para revertir ese deterioro y cumplir con la normativa, los salarios deberían aumentar 33,5% en términos reales. Además, Curcio señaló que la deuda salarial acumulada desde octubre de 2025 equivale a 3,2 salarios de agosto de 2026, sin contabilizar intereses ni punitorios.
Con el acuerdo vigente, en octubre se producirá una suba del 3%, pero si se cumple la inflación proyectada por el REM del BCRA, la pérdida de poder adquisitivo treparía al 25,1%.
En comparación, la caída real desde noviembre de 2023 es del 16,6% para el sector público en general y del 3,5% para los trabajadores privados registrados.