Con la campaña bonaerense en marcha y la fecha del 7 de septiembre cada vez más cerca, el Gobierno nacional enfrenta un complejo escenario cambiario. El dólar rozando los $1.300 encendió las alarmas del equipo económico, que reaccionó con medidas contundentes: incremento de tasas al 50% anual y venta agresiva de futuros. La señal es clara: mantener el tipo de cambio bajo control es prioridad en la estrategia electoral.
El Ejecutivo teme que una suba descontrolada del dólar afecte el único frente en el que muestra resultados sólidos: la inflación. Por eso, intenta frenar cualquier corrida sin recurrir a un salto brusco del tipo de cambio oficial, aún cuando esto implique ceder en otras metas, como la acumulación de reservas.
El efecto del calendario electoral sobre la demanda de dólares
A la tensión económica se le suma el condimento político. El adelanto de las elecciones bonaerenses por parte de Axel Kicillof obligó a los inversores a recalcular sus estrategias. Con las PASO eliminadas y solo tres semanas ganadas en el calendario, el mercado cambiario volvió a mostrar su vulnerabilidad histórica en tiempos electorales.
La demanda privada de divisas se mantiene firme, con compras mensuales estimadas en USD 2.000 millones. Aunque se levantó parcialmente el cepo, esa flexibilización impidió al Banco Central aprovechar el ingreso estacional de dólares del agro, cuya oferta también se verá afectada con el fin del alivio en las retenciones.
Inflación bajo control, pero a merced del dólar
Uno de los factores que juega a favor del Gobierno es la estabilidad en los precios al consumidor. El salto reciente del tipo de cambio, cercano al 10%, no se trasladó de forma significativa a los precios. La mayoría de las consultoras privadas proyectan una inflación mensual en torno al 1,6% para julio.
Sin embargo, esta tregua no está garantizada. Un nuevo salto del dólar oficial, más pronunciado o sostenido, podría romper con la tendencia desinflacionaria y deteriorar el capital político de la gestión Milei en plena campaña. La baja de la inflación es el principal activo de cara a las urnas, por lo que su defensa se convirtió en una prioridad táctica.
Reservas, bonos y señales al FMI
Los números del Banco Central reflejan el dilema: en los últimos dos meses, las compras netas de dólares fueron apenas de USD 600 millones. Las emisiones del Bonte 2030 sumaron otros USD 1.400 millones, pero aún está lejos de las metas planteadas originalmente. La acumulación de reservas quedó relegada frente al objetivo de controlar la inflación.
Mientras tanto, el Gobierno apuesta a destrabar el desembolso de USD 2.000 millones del FMI, que podría concretarse a fin de mes. El acuerdo con el organismo, junto con la suba de calificación por parte de Moody's, aporta cierta calma, aunque la fragilidad sigue latente.
Una economía dividida en dos velocidades
Pese a ciertos indicadores positivos, la economía muestra un comportamiento desigual. Sectores como petróleo, gas, minería e incluso electrodomésticos muestran dinamismo. Pero actividades claves como construcción, comercio y manufactura siguen estancadas o en retroceso.
Este desbalance explica por qué la mejora macroeconómica aún no se traduce en un crecimiento del empleo formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. La reducción de la pobreza al 31,6%, según la Universidad Di Tella, es un dato alentador, aunque todavía frágil frente a los vaivenes cambiarios.
El Gobierno enfrenta un triple desafío: mantener el dólar a raya, sostener la baja de inflación y llegar con oxígeno a las elecciones. La volatilidad del mercado cambiario y las tensiones políticas bonaerenses convierten cada semana en un test de resistencia.
El mensaje es claro: la estabilidad cambiaria es ahora tan política como económica. Quienes miran desde afuera, como el FMI y las calificadoras, exigen señales concretas. Mientras tanto, en los mercados reina la cautela: todos saben que en Argentina, una elección puede cambiarlo todo.