El Gobierno nacional oficializó este jueves una modificación clave a la Ley 25.761, que regula el desarmado de automotores y la venta de autopartes. A través del Decreto 428/2025, publicado en el Boletín Oficial, se simplificaron los requisitos y se dispuso la digitalización de los trámites necesarios para registrar un vehículo a desarmar.
Según el texto, la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRPA) será la encargada de implementar una plataforma digital para gestionar los legajos vinculados a la baja y el desguace de vehículos. Los usuarios deberán cargar en este sistema toda la documentación necesaria, junto con fotografías en color del estado del rodado al momento de su entrega.
Actualmente, el trámite se realiza de forma presencial y con documentación física, incluyendo una foto impresa. Este formato seguirá vigente hasta que la nueva plataforma esté completamente operativa.
Además, el decreto redujo los datos obligatorios que deben consignarse para documentar el ingreso y egreso de vehículos y autopartes. A partir de ahora, será suficiente con registrar marca, modelo, número de pieza y certificado de baja y desarme. También se estableció que aquellas partes no aptas para su reutilización deberán ser destruidas.
Antes de esta reforma, los desarmaderos debían consignar una gran cantidad de datos adicionales, como tipo de combustible, fecha y país de fabricación, establecimiento productor y destino de cada autoparte, con sus correspondientes números de identificación.
El Ejecutivo justificó la medida señalando que esos requerimientos eran obsoletos, redundantes y que entorpecían la operatoria del sector. Además, consideró que las exigencias anteriores generaban cargas innecesarias que no mejoraban ni el control estatal ni la trazabilidad del proceso.
En esa línea, el decreto remarca que la reforma se enmarca en los principios de simplificación administrativa, transparencia y eficiencia, promovidos por el Gobierno. El objetivo, agregan, es modernizar el sistema de registros, reduciendo costos operativos y mejorando la capacidad de respuesta del Estado en cuanto al seguimiento del destino legal de los vehículos y autopartes.
