El Gobierno nacional oficializó la eliminación del arancel de importación para el papel editorial, al establecer una alícuota del cero por ciento (0%) en concepto de derecho de importación para los papeles destinados a la impresión de libros, diarios, revistas y otras publicaciones de interés general. La medida apunta a reducir costos, simplificar los procedimientos administrativos y actualizar un régimen que se encontraba vigente desde hace más de tres décadas.
La decisión fue formalizada a través de la Resolución 11/2026 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y forma parte de una serie de cambios orientados a desburocratizar el comercio exterior y facilitar el acceso a insumos considerados estratégicos para el sector editorial y periodístico.
Según lo dispuesto en la normativa, el beneficio alcanza a las empresas editoras, diarios, revistas e importadores que actúen por cuenta de usuarios directos que utilicen este insumo exclusivamente para fines editoriales. De esta manera, se busca garantizar que la exención arancelaria tenga como destino final la producción de contenidos gráficos y no otros usos comerciales.
Uno de los requisitos centrales para acceder a la alícuota cero es la inscripción en el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE), un padrón específico que concentrará a los beneficiarios del régimen. Desde el Gobierno explicaron que el nuevo esquema apunta a unificar y transparentar la información, dejando atrás un sistema fragmentado y con múltiples normas superpuestas.
La resolución establece además la derogación de una serie de disposiciones previas que datan del año 1992, las cuales regulaban el seguimiento y control de estas importaciones. Según el Ministerio de Economía, esas normas habían quedado desactualizadas frente a los avances tecnológicos y la digitalización de los procesos administrativos, lo que generaba demoras y cargas burocráticas innecesarias para las empresas del sector.
Cómo será el nuevo procedimiento
De acuerdo con la nueva reglamentación, los usuarios que deseen obtener la exención arancelaria deberán presentar una solicitud por única vez a través del Sistema de Trámites a Distancia (TAD), con carácter de declaración jurada. Una vez completado ese paso y aprobada la inscripción, la Dirección de Importaciones emitirá una constancia que será validada de manera automática ante la Dirección General de Aduanas, mediante el sistema informático correspondiente.
Este mecanismo busca agilizar los tiempos y reducir la intervención manual en los procesos de control, permitiendo que la información fluya de manera directa entre los distintos organismos del Estado. Desde el área económica destacaron que la validación automática contribuirá a evitar demoras en los despachos y a otorgar mayor previsibilidad a las operaciones de importación.
La resolución también contempla una situación especial para las empresas que ya se encontraban registradas bajo el sistema anterior. En esos casos, se estableció un plazo de 90 días corridos para completar el nuevo registro en el RISE y así mantener el beneficio de la exención arancelaria. Vencido ese período, quienes no hayan regularizado su situación podrían perder el acceso a la alícuota cero.
Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contará con un plazo de 30 días para dictar las normas complementarias necesarias para hacer plenamente operativa la resolución. Esas disposiciones deberán precisar aspectos técnicos y procedimentales vinculados a la implementación del nuevo régimen.
Impacto en el sector editorial
Desde el sector editorial y periodístico, la eliminación del arancel fue leída como una señal positiva, en un contexto de fuerte presión sobre los costos de producción. El papel es uno de los principales insumos de la industria gráfica, y su precio suele estar atado a la evolución del dólar y a las condiciones del comercio exterior.
Con esta medida, el Gobierno busca aliviar parte de esa carga y facilitar el acceso a un insumo clave para la producción de libros, diarios y revistas, al tiempo que moderniza un sistema normativo que había quedado anclado en regulaciones de hace más de 30 años.
