En un delicado equilibrio entre las metas de recaudación y la lucha contra la inflación, el Estado nacional dejó de percibir USD 147 millones durante enero. La cifra surge de la decisión del Palacio de Hacienda de no aplicar la actualización completa del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles Líquidos, optando por un esquema de ajustes parciales para evitar un salto brusco en los precios finales que paga el consumidor.
Esta maniobra se oficializó mediante el decreto 929, que permitió que el aumento por litro de nafta en enero fuera de apenas $18,4 (y $16 en el caso del gasoil). Sin embargo, esta postergación genera una presión acumulada para febrero, mes en el que los analistas de Economía y Energía proyectan alzas mucho más marcadas, del orden de los $206,6 para la nafta y $94,7 para el gasoil, si se busca normalizar la carga tributaria.
A partir de este año, la gestión de Luis Caputo enfrenta un nuevo escenario estadístico que altera los incentivos para actualizar el gravamen. La entrada en vigencia del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), basado en la canasta de consumo 2017-2018, aumenta la sensibilidad de la inflación ante los cambios en los servicios públicos y combustibles.
- Mayor ponderación: el rubro "Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles" saltó del 9,4% al 14,5% en la medición oficial.
- Herramienta política: según la consultora Qualy, este cambio permite al Gobierno usar las tarifas y los impuestos a los combustibles de forma más directa para "acomodar" el IPC a sus objetivos de política económica.
Al tener los combustibles un peso mayor en la canasta, cualquier ajuste impositivo impacta de forma más severa en el dato inflacionario mensual, lo que explica la cautela oficial.
La política de diferir aumentos no es gratuita. Durante 2025, la estrategia de actualizaciones parciales —también utilizada por la gestión anterior de Sergio Massa— resultó en una pérdida de recaudación estimada en USD 2.326 millones. Este bache fiscal es uno de los puntos de tensión en la negociación con los gobernadores.
En el marco de la reforma tributaria, el Gobierno nacional ha descartado el pedido de las provincias de coparticipar el impuesto a los combustibles. La postura de la Casa Rosada es que cualquier baja en Ganancias para sociedades recién impactará en las arcas provinciales en 2027, y que para entonces, el repunte de la actividad económica y la recaudación de IVA compensarán las pérdidas sin necesidad de repartir el tributo a los carburantes.
Esquema de aumentos para febrero
Para el mes en curso, el decreto 74/2026 ratificó la política de incrementos moderados. El texto argumenta la necesidad de "estimular el crecimiento de la economía" mediante un sendero fiscal sostenible. Los ajustes técnicos quedaron fijados de la siguiente manera:
- Nafta (Súper y Premium): suba de $16,773 por impuesto al combustible y $1,027 por dióxido de carbono.
- Gasoil: incremento de $14,372 y $1,638 por los mismos conceptos.
- Zonas patagónicas: se mantiene una alícuota diferencial de $7,782.
Con esta decisión, el Ejecutivo confirma que continuará postergando la recuperación de la alícuota histórica para evitar que el combustible se convierta en un motor inflacionario indeseado en el primer trimestre del año.
