El Gobierno continúa con su plan de desregulación estatal y optimización de procesos administrativos. A través del decreto 105, publicado en el Boletín Oficial, se implementaron modificaciones en el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional (APN). La medida, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tiene como objetivo reducir la burocracia, agilizar los procesos y mejorar la eficiencia en la gestión de recursos públicos.
Una de las principales disposiciones es la unificación de los sistemas de inscripción para la contratación de obra pública. Hasta ahora, las empresas debían registrarse en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y en el Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas. Con la nueva normativa, estos registros se eliminan, y las empresas deberán inscribirse en una base de datos única: el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).
Nuevas reglas para licitaciones y contrataciones del Estado
Otro cambio importante afecta el régimen de contrataciones del Estado. El decreto 105 modifica el artículo 27 del decreto 1023/2001, estableciendo que solo podrán participar en licitaciones aquellas empresas o personas que estén inscritas en la base de datos del SIPRO.
Esta medida busca transparentar y optimizar el acceso a las contrataciones públicas, asegurando que todos los participantes cumplan con los requisitos administrativos y evitando demoras innecesarias en los procesos.
Eliminación de normas obsoletas: Una nueva política de simplificación administrativa
En paralelo a la reforma en contrataciones, el Gobierno también avanza en la eliminación de regulaciones innecesarias que ralentizan la gestión pública. A través del decreto 90, publicado en el Boletín Oficial, se estableció que los ministerios deberán realizar un relevamiento normativo para identificar normas obsoletas, innecesarias o ineficientes y proponer su derogación.
Cada ministerio tendrá un plazo de 30 días para presentar un informe detallado con las leyes y decretos que requieren revisión o eliminación. Esta medida busca reducir la carga administrativa y burocrática tanto para el Gobierno como para los ciudadanos, facilitando los procesos y promoviendo una administración más eficiente.
Según Sturzenegger, el Ministerio de Desregulación ya ha avanzado en esta limpieza normativa, eliminando decretos en desuso, designaciones vencidas y temas administrativos que ya cumplieron su plazo.
Impacto en el sector empresarial y en la gestión pública
Las modificaciones en la contratación pública y la eliminación de regulaciones innecesarias pueden generar un impacto significativo en la dinámica del sector empresarial y en la gestión del Estado. Las empresas que participaban en obras y consultorías públicas deberán adaptarse al nuevo sistema SIPRO, mientras que la simplificación administrativa podría traducirse en una reducción de costos y tiempos en la ejecución de proyectos.
Desde el sector privado, esta reforma podría fomentar una mayor competencia en las licitaciones y evitar barreras burocráticas que en el pasado dificultaban la participación de nuevas empresas. Además, la eliminación de regulaciones obsoletas podría incentivar la inversión y el desarrollo de proyectos con mayor rapidez.
Una transformación en marcha
El Gobierno de Javier Milei avanza en su plan de desregulación y modernización del Estado, apostando por la simplificación de trámites y la optimización de recursos públicos. Con la eliminación de registros burocráticos, la implementación de un sistema de contratación unificado y la revisión de normativas obsoletas, la administración busca reducir costos, mejorar la eficiencia y facilitar la relación entre el sector público y privado.
A medida que estas reformas entren en vigencia, será clave evaluar su impacto en la transparencia y efectividad de las contrataciones estatales, así como en la capacidad del Gobierno para agilizar sus procesos sin afectar el control y la calidad de los servicios públicos.
