El auge de las plataformas digitales y la desregulación comercial aplicada en los últimos años reconfiguraron el mapa de la indumentaria importada en Argentina. Según el último informe de la Fundación ProTejer, siete de cada diez prendas que ingresan al país provienen de China, una tendencia que genera preocupación en toda la cadena textil nacional, incluida la de provincias como Catamarca, donde conviven talleres familiares, microemprendedores y pequeñas confecciones.
La apertura del régimen courier —el sistema puerta a puerta— y la flexibilización aduanera son dos de los factores que explican el crecimiento del flujo de productos extranjeros que ingresan prácticamente sin controles. "Sin certificaciones de calidad, sin valores de referencia, sin etiquetas, sin trazabilidad y sin pagar impuestos, las prendas chinas ingresan con ventajas imposibles de igualar para cualquier fabricante argentino", advirtió la entidad.
El informe detalla que China consolidó su dominio en los últimos tres años hasta ocupar el 70% del mercado textil importado. Entre enero y octubre de 2024 y el mismo período de 2025, las compras al gigante asiático crecieron un 109%, muy por encima del desempeño de otros proveedores internacionales.
El fenómeno se profundiza en rubros específicos: en tejidos de punto, China explicaría el 94% de los ingresos; en indumentaria, el 71%; y en confecciones terminadas, el 68%. Para ProTejer, estas cifras evidencian un desplazamiento directo de la producción local, desde grandes fábricas hasta talleres barriales.
Una parte clave del avance se vincula con la eliminación de herramientas de control comercial que antes garantizaban cierta competencia leal. Entre ellas se encontraban los valores criterio para prevenir la subfacturación, el control de etiquetado y talles y las regulaciones sobre sustancias químicas. Sin estas instancias, el mercado quedó expuesto a productos más baratos y sin supervisión.
Otro eje del informe apunta al uso masivo del régimen courier y al desembarco de plataformas como Shein, AliExpress y Temu. Estos sitios venden directamente al consumidor argentino, sin intermediarios y sin tributar bajo las mismas reglas que los comercios locales. A esto se suman los subsidios estatales chinos a los envíos internacionales, que terminan por reducir aún más los precios finales.
En ese marco, el modelo de ultrafast fashion aparece como mecanismo central: producción acelerada basada en algoritmos que detectan tendencias en tiempo real, despachos inmediatos y un recambio constante de productos. Pero ProTejer advierte sobre los costos ocultos: prácticas laborales cuestionadas, baja calidad, falta de trazabilidad y un impacto ambiental creciente por prendas de vida útil muy corta.
Mientras Argentina flexibiliza controles, otros países avanzan en el sentido contrario. Francia aplicará un eco-impuesto por prenda desde 2026 y prohibirá la publicidad del ultrafast fashion. La Unión Europea discute eliminar exenciones impositivas para envíos de bajo valor, reforzar aduanas y exigir trazabilidad. Estados Unidos eliminó su franquicia sin impuestos y México impuso aranceles puntuales a plataformas que operaban bajo regímenes simplificados.
En el plano local, una de las iniciativas que busca equilibrar condiciones es el proyecto del diputado Miguel Ángel Pichetto, que plantea exigir la registración obligatoria de plataformas extranjeras, aplicar aranceles específicos y equiparar sus obligaciones fiscales con las que cumplen los comercios argentinos.
Para ProTejer, el problema trasciende el precio final de una remera. Aunque el consumidor paga menos, el costo se traslada luego a la economía en forma de empleo perdido, menor recaudación y cierre de empresas. Cada paquete que ingresa sin impuestos, señalan, reemplaza producción argentina y reduce la capacidad de sostener puestos de trabajo.
El informe también advierte que el consumidor queda expuesto a productos sin garantías de calidad, sin certificaciones sanitarias y sin información clara sobre origen o composición. "La ventaja individual puede esconder un costo colectivo mucho más alto", advirtieron.
La entidad remarcó que sin regulaciones mínimas para el comercio digital y el courier, la industria local queda obligada a competir en condiciones desiguales. Y alertó que los riesgos no son solo económicos, sino también productivos, laborales y ambientales, con un impacto que podría sentirse en los próximos años si no se revisan las reglas del juego.